El mal humor social y la desobediencia civil aumentan por la política equívoca gubernamental de continuar con la privatización de la salud y la educación entregar cientos de millones de hectáreas a empresas mineras y los recortes al presupuesto, advirtieron los dirigentes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

Al anunciar la alianza de la agrupación campesina con el Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, expusieron que se busca crear un frente amplio en el que confluyan las luchas sociales para causar mayor impacto ante las autoridades; a la fecha, organizaciones de campesinos, estudiantes, empleados del sector salud y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) acordaron marchar conjuntamente el 8 de agosto dentro de la Jornada Nacional Zapata Vive.

Hay que coaligar las diferentes luchas para enfrentar las políticas del gobierno, dijo Carlos Ramos, integrante de la comisión política de la CNPA. Sostuvo que no hay población que resista la privatización de la salud, la educación y las conquistas sociales; cada año 400 mil mexicanos se suman a la pobreza, abundó.

Alan Cruz Nieto, asesor financiero de la agrupación, expuso que las políticas financieras han fomentado la concentración excesiva de la riqueza en unas cuantas manos, por lo que 100 millones de los 121 millones de mexicanos están en la categoría de vulnerables, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mientras que 200 mil concentran la mitad del producto interno bruto.

El alza al precio de gasolinas y luz, así como el recorte del presupuesto golpea a la población rural e indígena, que están en los márgenes de la pobreza, advirtió.

José Narro Céspedes, dirigente de la CNPA, acusó al gobierno de profundizar las desigualdades sociales. También exigió atender la demanda de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de cambiar la reforma educativa.