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El vínculo entre política y armas debe acabarse para siempre en Colombia, advierte

Espera Santos se resuelvan diferencias para lograr acuerdo de paz con las FARC

Un pacto entre las partes podría derivar en impunidad para militares criminales de guerra: HRW

 
Periódico La Jornada
Martes 29 de marzo de 2016, p. 20

Bogotá.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo este lu- nes que espera se resuelvan los problemas que han surgido en la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para alcanzar de una forma razonable un acuerdo de paz, luego de que las partes no lograron firmarlo el 23 de marzo, como se había previsto inicialmente.

Santos detalló algunas de las diferencias que han surgido en la mesa de negociación en el tramo final del proceso de paz, pero destacó que insistiendo y perseverando se encontrarán soluciones razonables a estos problemas.

Citó que el gobierno demanda a las FARC el desarme total y su paso a la legalidad antes de dedicarse a las actividades políticas con libre circulación por el país.

Como lo he dicho desde el primer día, el vínculo entre política y armas debe acabarse para siempre en Colombia, advirtió. Luego agregó que el gobierno también exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme, de modo que el resultado sea de una paz estable y duradera.

El vocero de las FARC, Carlos Antonio Lozada, reiteró la determinación de ese movimiento para abandonar las armas, hasta hoy nudo gordiano en tales pláticas.

En entrevista con la revista Semana explicó la propuesta de las FARC. Sería un procedimiento escalonado o por etapas: primero la destrucción del material explosivo, después quedaría guardado y custodiado el armamento de apoyo y uso colectivo como ametralladoras y en un tercer momento ocurriría la dejación paulatina de las armas de defensa individual.

Human Rights Watch (HRW) consideró que un eventual acuerdo de justicia entre el gobierno de Santos y las FARC podría derivar en una impunidad sin precedente para miembros del ejército, responsables de crímenes de guerra.

La organización humanitaria se refirió en particular a militares acusados de ejecuciones extra-judiciales de civiles, quienes fueron hechos pasar por guerrilleros en casos conocidos como falsos positivos.