Colima, Col.

Por mayoría, el Congreso de Colima rechazó la propuesta presentada por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez para que José Guadalupe Franco Escobar sea titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por pésimos resultados y no gozar de buena reputación como servidor público.

Con 14 votos a favor y 11 en contra, determinaron que Franco Escobar no es apto para el puesto debido a que cuando fue delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) –de agosto de 2011 a noviembre de 2015– hubo un repunte de violencia y enfrentamientos entre cárteles de la droga.

Además, se presentaron 30 quejas en su contra ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre ellas una por presunto hostigamiento a dos periodistas de Colima, quienes recibieron llamadas telefónicas para obligarlos a entregar información sobre el conflicto indígena de Zacualpan, donde se pretende instalar una mina de oro.

Además, los diputados recordaron que, a su llegada a la delegación de la PGR, Franco Escobar despidió a 22 defensores de oficio, quienes denunciaron amenazas y hostigamiento para aceptar un finiquito.

Luis Ladino Ochoa, presidente de la comisión de justicia, gobernación y poderes, leyó el dictamen en el que se decidió rechazar a Franco Escobar, con base en el conocimiento de al menos 17 denuncias penales ante la PGR en su contra y los resultados que dio al frente de la delegación de esa dependencia federal.

Las averiguaciones previas tienen que ver con un desempeño deficiente en la procuración de justicia, toda vez que se trata de ilícitos que en todo momento ponen en peligro a la sociedad, ya que se expone a un ejercicio arbitrario del poder, y con haber mentido para sustentar violaciones a los derechos humanos. Se aprecia en las propias denuncias que no se trata de un hecho aislado sino de varias en un año, dijo.

También estimaron que se violó la Constitución, pues el gobernador Ignacio Peralta tomó protesta a Franco Escobar como procurador estatal sin haber sido ratificado por el Congreso. Su supuesta toma de protesta fue contraria a la Constitución local, asentó.