Las oficinas de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron ayer los violentos hechos ocurridos en el penal de Topo Chico, en Monterrey, y expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Destacaron que el Estado tiene la obligación de proteger la vida e integridad de aquellas personas a las que ha privado de su libertad e hicieron un llamado a las instituciones competentes para analizar las causas estructurales que dieron origen a los graves sucesos, en los cuales murieron 49 personas y 12 resultaron heridas.

Por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió que se investiguen de manera pronta y exhaustiva los hechos de violencia en el penal de Topo Chico, para determinar las responsabilidades existentes, no sólo entre los autores materiales directos de las agresiones, sino también entre autoridades que permitieron o propiciaron que tales hechos se verificaran.

Resaltó que desde hace varios años advirtió, por conducto de sus Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, sobre las deficiencias en el penal, relacionadas con la integridad de internos, estancia digna, gobernabilidad, reinserción social y requerimientos específicos.

El centro (de readaptación social) obtuvo calificaciones mayormente reprobatorias, la más reciente de las cuales, correspondiente a 2014, fue de 5.72, subrayó el organismo.

En tanto, las oficinas en México de la UNODC y ONU-DH exhortaron a las autoridades correspondientes a tomar las medidas necesarias para prevenir situaciones similares, investigar los hechos ocurridos de manera diligente, procesar a las personas que resulten responsables y proveer información fidedigna a las familias de las víctimas.

En un comunicado, dijeron que la masacre registrada subraya la urgencia de hacer frente de manera conjunta y decidida a una grave situación carcelaria, donde se combinan la violación de los derechos humanos, las debilidades de la política de rehabilitación y reinserción, serias deficiencias en las condiciones de detención y la transformación de facto de varios centros penitenciarios en lugares de reclutamiento de las organizaciones delictivas.

Alentaron a las autoridades a continuar reforzando políticas penitenciarias con un enfoque de reinserción social y respeto a las garantías fundamentales de las personas.