A pesar de que la Ley General de Salud (LGS) permite el consumo mínimo de algunas drogas, como la mariguana, policías federales o locales realizan arrestos, abuso de poder, extorsiones y discriminación contra usuarios. La siembra de narcóticos y la violencia son escenarios posibles cuando los detenidos se enfrentan a una autoridad, pues el respeto a los derechos humanos todavía no es una lógica imperante.

Esos fueron los resultados del estudio Encuentros con la ley, que elaboró el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (Cupihd). El documento señala que entre 2007 y septiembre de 2012, 54 por ciento de las detenciones por delitos contra la salud se debió a la posesión de estupefacientes en dosis pequeñas. Es el crimen más sencillo de mostrar, porque no es necesaria una investigación previa, precisa.

Incentivos a los agentes policiacos por cada remisión al Ministerio Público (MP), así como prejuicios contra los consumidores, podrían explicar esas cifras, añade.

Desde 2009 la LGS no sanciona el consumo de determinada cantidad, excepto si es en la vía pública o cerca de una escuela. En tal caso se incluye como falta administrativa, no como delito, por lo que el arrestado deberá ser conducido a un juzgado cívico, no al MP. Sin embargo, debido a que las dosis permitidas son mínimas, muchos son detenidos en posesión de porciones mayores, lo cual los pone en riesgo de ser tratados como narcomenudistas, que es una actitud criminalizadora, agrega el Cupihd.

El 71 por ciento de los detenidos con drogas en 2013 portaba mariguana; 20, cocaína, y 8.5, disolventes inhalables, a pesar de no estar prohibidos. Algunos arrestos se realizan de forma arbitraria y por sospechas basadas en ideas que las autoridades tienen por la vestimenta, apariencia, color de piel o lugares por los que transitan.

Los policías generan expectativas distintas de lo que pueden obtener de los consumidores para no detenerlos. El lugar donde los sorprendan o incluso su apariencia determina si son discretos o no al negociar el monto de la extorsión, de acuerdo con la investigación realizada por Ángela Margoth Bacca Mejía, Julie-Anne Boudreau y Carlos Zamudio Angles.

En el trabajo se reconocen zonas de tolerancia en universidades públicas, donde, por su autonomía, no se permite el acceso de la policía. En los puntos de venta corren mayor riesgo, porque los pueden confundir con vendedores y, si compraron más de lo tolerado, como comúnmente sucede, tienen la evidencia en su contra.

Otra forma de discriminación es el trato diferenciado hacia mujeres, menores de edad y homosexuales. Ellas son revisadas en menor medida que los hombres, mientras la orientación sexual parece ser un agravante.

Los investigadores clasificaron a los consumidores en tres tipos. Los reservados, quienes resienten el estigma y por ello ocultan lo que hacen; los normalizados, aquellos que lo asumen, pero no lo ponen como una manera de afirmarse o de presentarse frente a otros, y los activistas, que se drogan y defienden su derecho a ello.

Las extorsiones policiacas suelen tener más éxito con los reservados, pues al no querer asumir los costos legales y sociales, prefieren negociar su liberación ofreciendo o aceptando dar dinero a los agentes. Ayúdame y yo te ayudo o ¿cómo vamos a solucionarlo?, son algunas de las insinuaciones que utilizan las autoridades.