Cerca de 2 mil personas marcharon ayer en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para demandar justicia por el asesinato de dos estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, cometido el 12 de diciembre de 2011 durante el desalojo de un bloqueo de normalistas en la Autopista del Sol México-Acapulco.

Los contingentes partieron al mediodía de la estatua El Caballito y ocuparon la Autopista del Sol, para llegar al punto conocido como el Parador del Marqués, donde murieron los dos jóvenes y un trabajador de la gasolinería ubicada en ese mismo lugar.

Padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de un año en Iguala, alumnos y familiares de los dos jóvenes muertos, integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (Funpeg), entre otros, participaron en la marcha.

Luego de caminar cinco kilómetros, los contingentes arribaron al punto donde hace cuatro años cayeron muertos los dos normalistas; colocaron una ofrenda floral y dos ataúdes, adornados con banderas rojinegras, posteriormente se ofició una misa.

Al final, en un mitin se exigió justicia para los dos estudiantes y la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante casi tres horas estuvo interrumpida la circulación en la autopista, la cual fue resguardada por un discreto operativo de la Policía Federal.

Tres crímenes

En la ciudad de México, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan informó que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado mexicano por la muerte de los dos normalistas de Ayotzinapa, así como la detención ilegal y tortura de otro, en diciembre de 2011.

El organismo dijo que el gobierno mexicano tendrá que responder ante el sistema interamericano por el asesinato de Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y la aprehensión y tortura de Gerardo Torres Pérez.

El centro Tlachinollan dio a conocer una alerta, donde informó que las familias de las víctimas solicitan a la CIDH que se declare la admisibilidad de esta petición y responsabilice al Estado mexicano por la violación de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.