San Cristóbal de Las Casas, Chis.

El Estado mexicano admitió su responsabilidad en los asesinatos de los indígenas tzeltales Seberiano Santiz Gómez, Sebastián Santis López y Hermelindo Santiz Gómez, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ocurridos el 7 enero de 1994, en el ejido Morelia, municipio de Altamirano.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en representación del Estado mexicano, firmó un acuerdo con los familiares de las víctimas, resultado de un convenio suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En las oficinas de la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, el funcionario federal informó que el convenio incluye el reconocimiento oficial de la responsabilidad en los hechos, la reparación mediante indemnización y temas educativos, de salud y garantías de que no se repetirán casos así.

Campa Cifrián agregó que se cumplirá 100 por ciento lo firmado por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como por la Procuraduría General de la República, ya que es un paso muy importante, debido a que es un asunto que tiene más de 20 años.

Los familiares de los indígenas reclamaron que en el convenio no participaran integrantes del Ejército Mexicano, porque recordaron que el 7 de enero de 1994, durante el conflicto armado zapatista, soldados llegaron al ejido Morelia y se llevaron detenidos a los tres hombres, quienes aparecieron muertos días después, a unos kilómetros de Morelia.

Como parte de los acuerdos suscritos con los familiares de las víctimas y la CIDH, las autoridades construirán un parque en el ejido Morelia, que tendrá una placa conmemorativa en memoria de los tzeltales torturados y asesinados. Además, se rehabilitarán escuelas y se otorgarán becas. Las indemnizaciones serán conforme a los estándares internacionales y se entregarán en un plazo no mayor a tres semanas.

El abogado de las víctimas, Miguel Ángel de los Santos, reconoció la importancia del acto para los familiares, porque constituye una manera de decirles que el Estado está al pendiente y trabajando para hacer justicia.