Editorial
Ver día anteriorMiércoles 11 de noviembre de 2015Ver día siguienteEdiciones anteriores
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El fracaso de las pruebas de confianza
E

l comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, señaló ayer la necesidad de modificar integralmente la forma en que estamos evaluando a nuestros policías y criticó las llamadas pruebas de confianza que las instituciones policiales aplican a su personal, pues son inconstitucionales, discriminatorias y retroactivas. Según el funcionario, la legislación deja indefensos a los agentes que son despedidos por reprobar tales exámenes. No es la primera vez: ya en diciembre de 2013 el predecesor de Sales, Manuel Mondragón y Kalb, había mencionado algunas fallas de las pruebas referidas.

Tales señalamientos críticos son atinados, tanto por lo que hace a la ilegalidad de las pruebas como por su escasa eficacia, y es claro que las evaluaciones deben rediseñarse en forma radical.

Desde el sexenio pasado tal procedimiento inquisitivo –una batería de entrevistas con tono de interrogatorio, pesquisas crediticias, inmobiliarias, bancarias y fiscales, aplicación del polígrafo, tests sicométricos, análisis de voz, comparación de huellas dactilares y exámenes toxicológicos, entre otros componentes– fue proclamado como una solución casi mágica para erradicar la gravísima descomposición institucional que afecta a las corporaciones policiales y de procuración de justicia en el país, y es posible que semejante error explique, en parte, el trágico fracaso de la estrategia de seguridad nacional aplicada durante la administración calderonista.

Porque tales pruebas, lejos de ser un filtro para impedir la llegada a tales corporaciones de individuos con inclinaciones delictivas, son un mecanismo intimidatorio que no garantiza la honestidad del aprobado ni la deshonestidad del reprobado; simplemente, premia la capacidad de un individuo para simular, ocultar y mentir con sangre fría.

A mayor abundamiento, las pruebas de polígrafo –cuyo protagonismo en los exámenes de confianza fue objeto de señalamientos críticos por el propio Sales Heredia– constituyen una práctica sin validación científica, por más que muchas corporaciones policiales de México y de otros países, e incluso instancias judiciales, las consideren un mecanismo confiable para ponderar la veracidad o mendacidad del examinado.

El aparato y los procedimientos vinculados a él fueron rotundamente desvirtuados hace más de una década en un extenso documento del Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, en el que se concluyó que los falsos resultados positivos y los falsos resultados negativos resultaban inaceptablemente elevados y que el aparato y los interrogatorios asociados resultaban demasiado vulnerables a diversas contramedidas como para confiar en el procedimiento.

Otra debilidad insoslayable de las pruebas de confianza es que no se aplican en los altos niveles jerárquicos, que es donde resulta más devastadora la infiltración de la delincuencia: de poco o de nada sirve tener elementos de base honestos si su jefe ha sido cooptado por la delincuencia organizada.

Una consideración más es que los cuestionarios sobre la vida privada (afectiva, familiar, social) de los examinados suelen ser diseñados a partir de posturas moralistas desde las cuales es imposible ponderar adecuadamente la cultura cívica y la disposición a acatar las leyes vigentes.

En suma, se requiere una reformulación profunda de los procedimientos para certificar la conducta de los agentes del orden y servidores públicos adscritos a las procuradurías y para aceptar o rechazar a posibles reclutas, y esa tarea forma parte de otra más general: distanciarse en forma clara e inequívoca de las políticas de seguridad del calderonismo, distanciamiento que sigue siendo una asignatura pendiente del actual gobierno.