Senadores de PAN y PRD demandaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar de manera integral las adjudicaciones realizadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) durante 2013 y 2014, ya que hay erogaciones cuestionables y es necesario conocer la forma en que ese organismo autónomo ha ejercido los recursos públicos que se le han asignado.

El legislador panista Francisco Búrquez y el perredista Armado Ríos Piter resaltaron que de 2013 a la fecha se ha triplicado el presupuesto del Ifetel, al pasar de 659 millones de pesos a 2 mil millones propuestos para 2016, lo cual resulta peligroso, ya que hasta la fecha no se ha nombrado al contralor interno de ese organismo y no se puede llevar a cabo una fiscalización en términos de ley.

En ese sentido, solicitaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2016 se revisen de manera detallada los recursos que se otorgarán al Ifetel.

Resaltaron que es urgente la auditoría a los recursos de ese instituto, ya que se han encontrado erogaciones que provocan dudas, como la del 19 de marzo pasado, cuando pagó más de 60 mil pesos por la impartición de una sola conferencia.

Consideraron además cuestionable otra erogación que llevó a cabo el Ifetel el 25 de noviembre de 2014, por 3 millones 300 mil pesos. Se trata, detallaron, de un pago al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde laboraba la actual comisionada Adriana Sofía Labardini Inzunza, por la elaboración de un análisis de disposiciones legales en materia de competencia económica y su vinculación con otras disposiciones previstas en los marcos legales aplicables a las telecomunicaciones y la radiodifusión.

En un punto de acuerdo que se remitió a San Lázaro, los legisladores hacen notar que a más de dos años de la integración del Ifetel, sigue sin tener un contralor que, de acuerdo con lo establecido en la ley, debe ser designado por la Cámara de Diputados. Esto impide cumplir con el mandato de fiscalizar los ingresos y egresos de las instituciones, así como el régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

En el mismo caso, resaltaron, está la Comisión Federal de Competencia Económica. Esto, aseguran, viola el mandato constitucional y legal, ya que al no nombrar a los contralores, deriva en una falta de vigilancia a dos organismos autónomos que disponen de amplios recursos.