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Un año y $2 mil millones después, ni plantas tratadoras ni clínica

Aumentan enfermedades por derrame tóxico en Sonora, aseguran habitantes
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 21 de agosto de 2015, p. 29

Hermosillo, Son.

En la semana reciente se reportaron 30 casos de enfermedades de la piel, gastrointestinales, mareos y agotamiento entre habitantes del municipio de Banámichi, que se suman a 90 en un año, atribuidos al derrame de lixiviados mineros ocurrido hace un año en el río Sonora.

Los afectados aseguran que sus padecimientos se deben a la contaminación y a que no se ha construido una planta potabilizadora capaz de separar metales pesados del líquido, la cual prometió en octubre de 2014 el Fideicomiso Río Sonora, encabezado por el gobierno federal, con recursos de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, que derramó 40 millones de litros de lixiviados en los ríos Sonora y Bacanuchi.

Es abominable lo que está ocurriendo. Lo primero que tuvo que haberse hecho con los 2 mil millones de pesos que dio Grupo México al fideicomiso era construir de inmediato las plantas tratadoras de agua (para 36 pozos que abastecen a 25 mil habitantes) y la clínica de especialidades, pero ya pasó más de un año del derrame y nada se ha empezado a construir siquiera, señaló la profesora Loyda Valdez.

Valdez sostuvo que el pozo que abastece a la población de Banámichi está a sólo 40 metros del río Sonora. Esto apenas está aflorando, y todos sabemos que lo peor vendrá en los años. Es un crimen lo que está ocurriendo en el río Sonora. El fideicomiso se está lavando las manos y prácticamente dice que ya ejercieron la mayor parte de los recursos, pero no han cumplido con lo más básico, y la población se enferma cada vez más, añadió.

Dijo que la atención médica que han recibido es insuficiente, y urge construir una clínica de especialidades con toxicólogos y laboratorios suficientes para atender a los casi 400 enfermos que las autoridades reconocen oficialmente en la zona.

Indicó que fue evidente el cambio de postura del gobierno federal, pues al principio reconoció que se trataba de la peor catástrofe ambiental relacionada con la minería en México y llamaba a la población a no tomar agua de los pozos de la región, y apenas unos meses después asegura que todo desapareció y que el agua y la tierra están libres de contaminación.