na de las tantas noticias deprimentes de nuestro subpoder Legislativo es el hoyo negro de 4 mil millones de pesos, del que el Senado de la República no presenta una constancia contable satisfactoria. Como las malas noticias no vienen solas, a esa se agregan varias más que suponen presupuestos doblados, como el del costo del edificio que ocupa el Senado, desvíos (reciente es el del Partido Verde) para propaganda electoral y numerosos movimientos financieros injustificados o sin justificación suficiente.
Antes hemos sabido de noticias similares en torno a la Cámara de Diputados: las llamadas subvenciones variables
, que han permitido a las bancadas que la integran disponer, entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, de casi 3 mil millones de pesos, con la discrecional manera inherente al presidencialismo mexicano. Manlio Fabio Beltrones y los coordinadores de grupos parlamentarios son quienes parten y reparten esos recursos con criterio de jefes mafiosos. Han pasado 500 años, transiciones de un régimen a otro, constituciones y leyes secundarias consteladas de derechos y garantías, todo un corpus legal referente a la función pública, a la transparencia y al acceso a la información pública, promesas de campaña, juramentos, códigos de ética, y la rendición de cuentas sigue siendo la del gran capitán: picos, palas y azadones, cualquier cantidad de millones.
¿Cómo se distribuye el dinero y de acuerdo con qué disposiciones se gasta? No lo sabemos ni sabremos. Lo que sí sabemos es que la 62 Legislatura de las cámaras de Diputados y Senadores recibió partidas extraordinarias; también, que la oscuridad prevaleció en su manejo. Y lo mismo: todos quedamos enterados de que los diputados federales y senadores de esta legislatura aprobaron reformas (las llamadas estructurales) lesivas para los trabajadores –en particular para los de la educación– y, en grado mayúsculo, para la soberanía energética de la nación.
La aprobación de esas reformas estructurales, ¿tuvo que ver con los millones que recibieron los senadores y diputados? La diputada Zuleima Huidobro, del partido Movimiento Ciudadano, declaró que los fondos extraordinarios habían sido recibidos a título de bono por la aprobación de las reformas. ¿Malpensada? El caso es que los votos perdidos por el PRI, el PAN y el PRD en las recientes elecciones parecen haber suscrito su juicio. El pacto propició el sometimiento de la representación de la soberanía al poder presidencial e hizo que se subordinara a los intereses del capital trasnacional en manos de las grandes petroleras y del que tiene su sede en México bajo la gestión del ejecutivismo dominante.
Por ello mismo, lerdos u omisos se han mostrado los diputados y senadores de la mayoría ante las corruptelas del grupo que lo encarna. Igualmente ante muy diversas lesiones al patrimonio y la capacidad de desarrollo de los mexicanos. Una que ya resulta desbordante es la deuda.
Otro tanto hicieron las legislaturas de los estados. Aquellas reformas que requirieron de sus votos para ser aprobadas resultaron de la orden de los gobernadores para que la línea se convirtiera en decisión parlamentaria.
Entre los gobiernos anegados de escándalo se halla el de Nuevo León. El faltante de 300 mil juegos de placas del Instituto de Control Vehicular; la ordeña
de taquillas del Metro; el pago mayor no previsto de una obra denominada Torre Administrativa; el despojo de tierras a ejidatarios del municipio de Mina por parte de Humberto Medina Ainsley, padre del gobernador Rodrigo Medina, y los hermanos de éste; el favoritismo hacia empresas como Construcciones Chavana, empresa creada por Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila perseguido por peculado (según información de Proceso), y el Grupo Higa –protegido de Peña Nieto–, cuyo contrato para realizar las obras del proyecto hidráulico Monterrey VI (cotizado en 14 mil millones de pesos, ya se lo calcula en más de 60 mil millones) el gobernador Medina se ha negado a mostrar públicamente. Y también, una deuda contraída por su gobierno que ha aumentado más de cien por ciento. Parte de ella, el colmo, se ha contratado para cubrir el inexplicable déficit de más de 6 mil millones de pesos que registra el erario. Son ejemplos de una lista tan larga como carente de la mínima vigilancia. Hace más de un año que la Auditoría Superior del Estado permanece acéfala.
Con un Congreso local en el que sus integrantes se han asignado o han recibido por conceptos injustificados sobrepagos, el control parlamentario sobre los actos administrativos del Ejecutivo registra una ausencia que fraterniza con la complicidad. A ocho semanas de concluir sus funciones, el PAN ha promovido condicionantes para la contratación de deuda, tanto al gobierno estatal como a los municipios. Suena a manera más bien burda de taparle el ojo al macho.
El hecho es que los soberanos estamos sujetos a los caprichos, inepcia y corrupción de nuestros representantes. Urge que la ciudadanía haga un esfuerzo mayor porque sea creado, como parte de nuestras instituciones de gobierno, el Defensor del Pueblo: organismo que, si bien dependa del Poder Legislativo, sea estrictamente ciudadano –no como los pares de IFE, INE y otros– y tenga la suficiente autonomía y fuerza para vigilar y supervisar todos los actos administrativos de los tres poderes e, incluso, en caso de desvío, prevaricación o daño al erario, actuar ex oficio como coadyuvante del Ministerio Público.
