La fuga de Joaquín Guzmán Loera demostró que concentrar en la Secretaría de Gobernación (SG) funciones políticas y policiales y convertirla en una ‘‘supersecretaría’’ fue ineficaz, a pesar de que los diputados hace casi tres años justificaron el cambio con el argumento de que la sociedad exigía emprender acciones para promover tranquilidad y seguridad en el territorio nacional.

En el editorial del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México, presidida por el cardenal Norberto Rivera Carrera, asentó que la ‘‘vergonzosa fuga de uno de los delincuentes más connotados pone en tela de juicio la viabilidad de la forma y la concentración de funciones en una entidad política encargada del gobierno interior’’.

Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobada por los diputados en noviembre de 2012, las funciones de la Secretaría de Gobernación fueron ‘‘jurídicamente desnaturalizadas para imponer criterios ineficaces. La supersecretaría muestra ineficacia en sus acciones de seguridad pública y la efectividad del sistema de inteligencia’’.

Con la fuga del Chapo, ‘‘la supersecretaría vino a ser minisecretaría’’ y mostró la fallida administración de la dependencia en materia del sistema penitenciario de máxima seguridad, asentó la jerarquía católica.

Puso en tela de juicio la concentración de múltiples funciones ‘‘incompatibles y dispares’’ en la Secretaría de Gobernación, encargada desde coordinar a los secretarios de Estado, guardar las efemérides, censurar algunas publicaciones, vigilar casinos, juegos y sorteos, administrar el patrimonio insular, promover el desarrollo municipal, vigilar a las asociaciones religiosas y culto público –subsecretaría que está vacante desde hace seis meses– hasta la seguridad pública nacional y de inteligencia, entre otras.