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Hay ciudades donde se las ha prohibido, pero el DF debe contar con su propia experiencia, dice

Existen avances para que operen Uber y Cabify, da a conocer el jefe de Gobierno

Sin ninguna duda, lo que debemos tener claro es el beneficio que se dará a los usuarios, señala

 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de junio de 2015, p. 34

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) avanza en la construcción de un andamiaje normativo y operativo para el funcionamiento de Uber, Cabify o de cualquier otra empresa de transporte que mediante una aplicación (app) ofrezca el servicio de taxi en autos particulares, explicó el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera.

Interrogado al respecto, el jefe de Gobierno consideró que hay buena disposición para llegar a las mesas de diálogo y de trabajo que instalará el Laboratorio para la Ciudad el próximo mes para escuchar las distintas voces sobre las empresas que operan apps para la contratación de servicios de transporte.

Así que, sin ninguna duda, el primer objetivo o lo que debemos tener claro es el beneficio a la ciudadanía, afirmó.

Mancera advirtió que teniendo claro esto, tanto los taxistas concesionados como quienes prestan este servicio a través de apps tienen que encontrar la mejor vía de comunicación y aplicación, tomando en consideración también la seguridad de los usuarios, que es un tema que sí nos interesa sobremanera.

Recordó que así como hay ciudades donde se ha prohibido que opere Uber, hay otras donde sí se permite. La ciudad de México debe contar con su propia experiencia y conforme a sus necesidades encontrar el punto que beneficie a la ciudadanía sin afectar, por supuesto, a los taxistas, quienes también deben tener un nicho de oportunidad, expuso.

A finales de mayo, al hacer el anuncio de las mesas de diálogo, Gabriela Gómez-Mont, directora del Laboratorio para la Ciudad, explicó que la finalidad es convocar al debate público una nueva forma de enlazar servicios de transportación, la cual, dijo, se ha convertido en un fenómeno mundial.

Para ello, se convocará a empresas operadoras, concesionarios, organismos no gubernamentales, académicos, expertos y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de tomar en cuenta sus opiniones en el diseño de políticas públicas.