Tras el anuncio de la Secretaría de Gobernación del despliegue de elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, especialmente en Oaxaca, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) pidieron que las acciones de las instancias responsables de la seguridad sean de estricta institucionalidad y legalidad, así como de pleno y cuidadoso respeto a los derechos humanos.

Los consejeros no quisieron abundar, incluso el presidente, Lorenzo Córdova, quien la víspera se pronunció contra la militarización del proceso, optó por el silencio luego de que sesionó el consejo general. Sin embargo, en el instituto está claro que no es el mejor escenario y que lo ideal sería una conclusión exitosa de las negociaciones con el magisterio.

Por la mañana se reunirán los consejeros electorales para valorar los alcances y repercusiones que tendrá el operativo anunciado, especialmente en Oaxaca, para que con plenas garantías a la integridad de los ciudadanos y funcionarios puedan efectuarse los comicios.

En principio, el ideal sería una vigilancia discreta y perimetral, pero que garantice el ejercicio del voto en Oaxaca y en otras entidades.

El INE precisó que se evaluarán los distritos donde ha habido dificultades en Oaxaca, Guerrero y Michoacán para revisar las condiciones existentes y, en su caso, las medidas especiales que deben adoptarse para que, con plenas garantías para la integridad de los ciudadanos y de los funcionarios electorales, pueda realizarse la jornada electoral en paz y libertad.

El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina se reunirá con el titular de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, para conocer los pormenores del despliegue de las fuerzas federales en los estados donde el magisterio ha realizado protestas.

La Secretaría de Gobernación sólo notificó a Córdova del despliegue militar, por lo que convocó a los consejeros para fijar una postura.

A la par que se reanudaron las negociaciones entre la CNTE y Gobernación, se inició el envío de elementos a Oaxaca para vigilar los comicios.

En este contexto, en Oaxaca se han distribuido ya 70 por ciento de los paquetes electorales, avance sustancial con respecto a la víspera. Sin embargo, bajo las condiciones actuales es muy difícil completar totalmente la tarea.

Acusa el PRI chantaje

Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI, rechazó que este operativo implique la militarización del proceso electoral o que se esté violando la ley.

Ni se está militarizando el proceso ni se está violentando. Hay una situación de chantaje claro y abierto de una organización que ha trascendido sus causas para intentar evitar que la gente pueda ejercer su sufragio, comentó.

Descartó que se registren enfrentamientos, porque este es un Ejército con el menor índice de violaciones a los derechos humanos. Aunque luego planteó que todo dependerá de la intención de quienes están haciendo este tipo de acciones.

Horacio Duarte, representante de Morena, reprobó el uso de la fuerza para resolver los problemas electorales y que se deba llegar a la militarización. Se demuestra que la capacidad de negociación del gobierno federal es un fracaso.

El perredista Pablo Gómez explicó que los militares no pueden estar a metros de las casillas, porque la ley no se los permite.