La Alianza Mexicana contra el Fracking, advirtió desde 2013 sobre las afectaciones asociadas a la explotación de hidrocarburos por fracking (fracturación del suelo para extraer gas); pero entre mayo y septiembre de este año el gobierno federal comenzará a entregar contratos.

En un comunicado informó que el proceso de licitaciones de la Ronda 1 fue abierto por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos en febrero y concluyó el 30 de abril, por lo que en los próximos meses la dependencia decidirá las empresas a las que va a premiar con contratos para la explotación de hidrocarburos.

Esto es el principio de la privatización de la industria de los hidrocarburos, “lo que genera condiciones propicias para la proliferación de proyectos de fracking” y cuando se entreguen los contratos va a ser difícil dar marcha atrás, indicó Francisco Cravioto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Hay evidencia sobre los daños por más de 10 años de los proyectos de fracking en Estados Unidos, pero el gobierno mexicano no ha prestado atención a los reclamos de la sociedad.

Los contratos permiten a las petroleras y gaseras acceder preferentemente a tierras privadas, ejidos o comunidades para fracturar el suelo, aun si los dueños de la tierra se oponen. La Ley de Hidrocarburos indica que debe consultarse a pueblos indígenas. Sin embargo, aunque 99 por ciento de los consultados se opongan, el proyecto procede, indicó.

Areli Sandoval, de Deca Equipo Pueblo, explicó que “las actuales normas e instituciones ambientales no pueden siquiera medir la toxicidad del líquido residual del fracking y menos impedir el daño irreversible en el entorno, el agua, la salud y los derechos humanos”.

El fracking implica inyectar de 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo, por pozo, mezclada con entre 650 y 990 sustancias químicas que pueden dañar la salud de las personas, explicaron.