La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) revisa las transacciones financieras de los dos años recientes que se realizaron con recursos de Ficrea hacia empresas en las cuales Rafael Antonio Olvera Amezcua tiene participación accionaria, ya que se detectaron transferencias de dinero que no corresponderían a depósitos de ahorro y que podría provenir de firmas fantasma.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron que la investigación por lavado de dinero contra Olvera Amezcua se ha extendido a empresas y fideicomisos vinculados con las operaciones de la sociedad de ahorro, la cual se encuentra intervenida por un fraude contra sus depositantes.

El número de ahorradores afectados podría superar las 10 mil personas físicas con recursos que ascenderían a 2 mil 500 millones de pesos; entre ellas hay locatarios de la Central de Abasto de la ciudad de México, señalaron los funcionarios entrevistados.

Mencionaron que aunque ya existe una orden de aprehensión contra el socio mayoritario de Ficrea, y las causas por las cuales se mantienen abiertas al menos dos averiguaciones previas en las que aparece como indiciado es porque la sociedad financiera que dirigía pagaba réditos del 10 por ciento, y de acuerdo con los registros no poseía capacidad económica para ello.

Además, dijeron, se ha iniciado una investigación para determinar cuántas cuentas se abrieron a nombre de personas inexistentes o que realizaban depósitos presuntamente millonarios en periodos mensuales o bimestrales, y que aparentemente no tenían giros o empleos que remuneraran grandes sumas de dinero.

La PGR solicitó la colaboración de la Interpol para que autoridades de 190 países apoyen en la búsqueda y detención de Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien presuntamente ingresó a Estados Unidos en noviembre pasado y hasta el momento no se ha reportado su lugar de residencia.