La gestión del ministro Luis María Aguilar Morales al frente de la Suprema Corte de Justicia ­de la Nación y del Poder Judicial Federal (PJF) comienza este mes con una sobrecarga de trabajo en los juzgados y tribunales heredada por su antecesor Juan N. Silva Meza.

Según se desprende del último informe de labores del ministro Silva, para 2015, los 749 juzgados y tribunales federales enfrentan 275 mil 166 asuntos pendientes de sentencia, lo que representa un incremento de 46 por ciento respecto al rezago registrado al cierre de 2010, cuando terminó la administración del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Estadísticas del PJF a las que se tuvo acceso refieren que en el cierre de 2006, cuando concluyó la presidencia del ministro Mariano Azuela, antecesor de Ortiz, el aumento de casos pendientes fue de 117 por ciento, y la tendencia ha sido al alza.

Las materias que mayores pendientes tienen de resolución son las penales y laborales, seguidas de las administrativas y civiles.

Entre 2010 y 2014 aumentó 17.3 por ciento el número de demandas presentadas en algún juzgado federal, para llegar al último año de gestión de Silva Meza a un millón 13 mil nuevos ingresos. Es la primera vez que se rebasa la marca del millón, según los registros consultados.

La instalación de nuevos tribunales durante el periodo de Silva Meza pasó de 664 a 749 órganos jurisdiccionales, pero aun así los juzgados no se dan abasto para desahogar las miles de demandas que presentan los gobernados.

En promedio, jueces, magistrados y los 30 mil funcionarios que los apoyan tardan entre nueve meses y año y medio en resolver los asuntos en primera instancia.

Para este año las cosas no pintan nada bien, pues el PJF tiene la obligación constitucional de cumplir con la reforma de 2008 en materia de sistema penal y juicios orales.

En noviembre pasado, el nuevo sistema penal comenzó a operar a nivel federal en Puebla, aunque sin casos para procesar.

Los juzgados del nuevo Centro de Justicia Penal, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, realizaron pruebas del sistema de encriptación que usarán para comunicarse con los fiscales.

También iniciaron ese mes en el estado de Durango.

El PJF tiene hasta junio de 2016 para dejar listo en todo el país los centros de Justicia Penal que albergarán a los jueces de control de juicios orales, entre otros inmuebles para los operadores de dicho sistema.