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Serán canalizados mediante el FASP a las 32 entidades

Se distribuirán en el país más de $8 mil millones para seguridad

Constituyen un respaldo para el combate al crimen organizado

Los criterios para su aplicación fueron publicados en el Diario Oficial

 
Periódico La Jornada
Domingo 4 de enero de 2015, p. 11

Este año se distribuirán más de 8 mil millones de pesos entre las 32 entidades federativas del país como respaldo para el combate al crimen organizado, dentro del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP).

Los criterios para distribuir esos recursos, que son entre otros el número de población y la incidencia delictiva, fueron publicados ayer por la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que a partir de hoy estarán vigentes.

Al estado de México le corresponde el mayor número de recursos del FASP, 626 millones, 230 mil 252 pesos. Le sigue el Distrito Federal, con 457 millones de pesos; Veracruz, con 387 millones 21 mil 334 pesos; Baja California, con 328 millones, 400 mil 685 pesos; Sonora, con 317 millones 326 mil pesos, y Michoacán, entidad a la que corresponden 288 millones 359 mil 85 pesos.

En el decreto se detalla que el monto del FASP aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 es de 8 mil 190 millones, 964 mil 440 pesos y el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinó que se asignará una cantidad equivalente al mismo monto al que tuvieron derecho en 2010.

Ese monto fue de 6 mil 916 millones 800 mil pesos, y la diferencia correspondiente, de mil 274 millones 174 mil 440 pesos, se asignará entre los estados y el Distrito Federal, conforme a un criterio que pondera un 25 por ciento por población, otro 25 por ciento para el combate a la delincuencia, 10 por ciento por control de confianza de los cuerpos policiacos, 10 por ciento por información sobre seguridad pública y otro 10 por ciento por ejercicio de recursos.

Asimismo, 10 por ciento más por la implantación del nuevo sistema de justicia penal, y el 10 por ciento restante por el sistema penitenciario.