En México 40 por ciento de la población carece de acceso a la salud pública y como consecuencia, pese a que representa el sector de menores ingresos, gasta 22 mil millones de pesos en medicamentos, denunció la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Senado, Lorena Cuéllar Cisneros.

La senadora perredista recalcó que ante esa situación tan injusta es necesario que en el Congreso se puedan romper las barreras políticas e ideológicas, así como financieras para construir una legislación que permita alcanzar una cobertura universal en salud, que dé certeza y certidumbre a todos los mexicanos.

Expuso que los integrantes de esa comisión han sostenido encuentros con diversas organizaciones de médicos y especialistas, en las que han reconocido la necesidad de corregir errores en la distribución del presupuesto, ya que ello impide que se cumplan los propósitos de programas como el Seguro Popular, que es dar atención oportuna y de calidad a los mexicanos que no cuentan con seguridad social.

Hizo notar que la distribución de los recursos del Seguro Popular se concentra en regiones urbanas con menos necesidades económicas, en tanto que en zonas rurales de pobreza se registra una sobredemanda y déficit significativo en su calidad, por lo que las personas deben esperar hasta ocho horas para ser atendidas e incluso tienen que conseguir por su cuenta medicamentos y materiales quirúrgicos.

Insistió en que el Senado debe legislar para hacer efectivo el derecho a la salud y que el Estado responda eficazmente a las necesidades de la población.

Es indispensable dar coherencia al sistema nacional de salud pública para aprovechar al máximo sus potencialidades y convertirlo en un sistema único de salud pública que atienda con la misma calidad, calidez y eficiencia a toda persona que lo requiera, independientemente de dónde esté asegurado, o si carece del beneficio.

La senadora Cuéllar Cisneros aclaró que no se trata de un acto de buena voluntad operado mediante un programa social sexenal, ni menos aún de una acción compensatoria y temporal, sino de un derecho social universal que garantiza su ejercicio por conducto de una política de servicios públicos bajo la responsabilidad del Estado.