La insistencia del PRI en que el sistema nacional anticorrupción esté a cargo del presidente de la República, de los integrantes de su gabinete y de los gobernadores frenó en la Cámara de Diputados una reforma a la Constitución para acotar delitos cometidos con el manejo del presupuesto y los contratos de obras públicas.

En la penúltima sesión del periodo ordinario, PAN y PRD cuestionaron que el tricolor pretendiera imponer un sistema anticorrupción en el que los funcionarios públicos se vigilarán a sí mismos, y afirmaron que la postura de los priístas reflejó la decisión presidencial de no cumplir con una de sus principales promesas de campaña.

La propuesta fue del PRD: PRI

El PRI argumentó que la propuesta de que el consejo del sistema anticorrupción se integrara por un grupo de altos funcionarios provino del presidente del PRD, por conducto del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno, militante del sol azteca.

El coordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, sostuvo que no puede aprobarse una ley para que un consejo anticorrupción esté controlado por el presidente de la República y los gobernadores. Lo ideal, expuso, es que un consejo de esa naturaleza sea presidido por el titular de la Auditoría Superior de la Federación para que cualquier investigación sobre hechos ilegales en el ejercicio del presupuesto pueda tener éxito.

El PRD no puede votar eso. De nuestra parte existen dos condiciones irrenunciables: que el consejo no sea presidido por el Ejecutivo y que se incluyan penas claras y contundentes en la ley; por ejemplo, la extinción de dominio en propiedades de los funcionarios para que todos sepan que quien meta la mano se la van a mochar, indicó.

Alonso Raya dijo que hay claros ejemplos de funcionarios que cometieron actos de corrupción y no fueron sancionados.

A Raúl Salinas de Gortari le devolvieron todo el dinero y sus propiedades. Al ex director de operación de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno, acusado de corrupción, hasta el yate y el Ferrari le regresaron. El ex tesorero de León, Guanajuato, el panista Francisco Javier González Álvarez, que dispuso de 37 millones para invertirlos en Metrofinanciera, que al final quebró, firmó un convenio para devolver el dinero en abonos; lo inhabilitaron cinco años, solicitó un amparo y quedó exonerado, recordó.

Mientras la ley continúe tan laxa, la red de complicidades permanecerá intacta. Queremos un sistema anticorrupción serio. Y si no es para eso, no tiene caso entrarle a una farsa, indicó.

El coordinador de la bancada del PAN, José Isabel Trejo, afirmó que los partidos se enfrentaron a una negativa oficial para constituir un sistema anticorrupción y señaló que las diferencias hicieron imposible que la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo y los partidos se aprobara en el periodo ordinario de sesiones que termina el lunes.

El Presidente (Enrique Peña Nieto) ha faltado a su palabra. El engaño no es para nosotros, porque no somos ingenuos, pero sí para el pueblo de México, al que le dijo que se aprobaría un sistema anticorrupción y finalmente hizo muy poco. Si él quiere, este sistema sale; si no quiere, no, y el PRI lo sabe porque trabajamos con funcionarios de la Presidencia, sostuvo.