Iguala, Gro., 30 de septiembre.

El alcalde tiene razón. Él nunca pudo ordenar a la policía municipal atacar a los normalistas por un motivo simple: ‘‘Él no los manda’’. Lo dice, mirando a un lado y otro, e incluso a su espalda aunque está contra la pared, un ex funcionario municipal de Iguala. Completa: ‘‘Aquí manda la maña, más de la mitad de los agentes de la municipal están bajo las órdenes del grupo armado, al que llaman cuando se sienten en problemas, como pasó el viernes con los normalistas’’.

La maña, aquí, en Michoacán o Tamaulipas, es el eufemismo que nombra al grupo delincuencial ‘‘dueño de la plaza’’. Aquí ‘‘controlan seguridad pública, tránsito y protección civil’’, suelta el ex funcionario.

Otro asunto es si el alcalde José Luis Abarca estaba enterado o no de lo que sucedía con los normalistas. Él dice que no, que primero estaba en un baile y luego completamente dormido, versión que avala el gobierno del estado. Pero sucede que al baile –festejo por el informe de su esposa, María de los Ángeles Espinosa Villa, en su calidad de presidenta del DIF– llegaron los normalistas a ‘‘hacer desmanes’’, según refiere el regidor Óscar Chávez Pineda, desde hoy encargado de la alcaldía.

‘‘Lo que se sabe es que entraron por la calle Galeana, cuando estaba la verbena por el informe, y empezaron a quitarle las bolsas a la gente que quedaba.’’

Los testimonios de los normalistas indican que fueron ahí a botear y que tras un incidente con guardaespaldas de la esposa del alcalde se fueron a buscar los camiones para regresar a Ayotzinapa. ‘‘La esposa del presidente se enojó porque le iban a echar a perder su fiesta y ordenó que los echaran. Uno de sus guaruras disparó al aire’’, cuenta un empleado del ayuntamiento.

Licencia facilitadora

José Luis Abarca pide licencia ‘‘hasta por 30 días’’ para ‘‘facilitar’’ las investigaciones sobre los asesinatos y las desapariciones, en una sesión de cabildo marcada por el homenaje que le rinden los regidores –con dos excepciones– por el reparto de culpas (los gobiernos federal y estatal no actuaron, acusan él y los regidores que le son afines) y por los aplausos tras el ‘‘hasta luego’’ con el que se despide el edil.

Abarca es un hombre de baja estatura que gusta lucir su cuerpo de gimnasio y decir que él comenzó desde abajo. Los igualtecos cuentan que, efectivamente, el padre de Abarca era cantinero y que él comenzó vendiendo sombreros para luego hacerse joyero y más tarde dueño de una de las más importantes plazas comerciales de la ciudad.

Su incursión en la política es reciente. Nunca había ocupado un cargo de elección popular y era sólo conocido como un empresario que apoyaba al grupo del ex alcalde Lázaro Mazón, ahora secretario de Salud estatal. Le agarró, sin embargo, sabor al poder, al punto de que para nadie es un secreto que buscaba que su esposa lo relevara en el puesto.

Su cónyuge lo acompaña, muy seria, durante la lectura de su discurso de renuncia. ‘‘La del dinero es ella. Y su familia. Todo lo que se ha publicado (en resumen: un hermano de la presidenta del DIF es el jefe de plaza del cártel de los Guerreros Rojos) es cierto’’, dice el ex funcionario municipal.

En unos cuantos días, la señora Espinosa ha visto esfumarse sus posibilidades de ser alcaldesa. Pero ahora escucha a su marido hablar de las ‘‘dolorosas circunstancias’’ que acompañan su petición de licencia, de los ‘‘hechos lamentables’’, del ‘‘aberrante abuso de autoridad’’, como si hablara de balazos y muertes sucedidos en otro lugar.

Se define Abarca como ‘‘militante de izquierda comprometido con las causas más justas de los guerrerenses’’, como un hombre que se disciplina ‘‘al llamado de mi partido’’, el PRD, ‘‘que está comprometido con la justicia, los derechos humanos y la paz social’’.

Termina su discurso y se fuga. Los regidores se quedan y sostienen un escarceo en el que salen a relucir, con timidez, los pleitos con las únicas dos disidentes del cuerpo colegiado.

Sofía Mendoza es una de ellas. También es del PRD y la primera en ocupar su lugar en el salón. Dice unas palabras breves: recuerda que ella pide justicia desde hace un año y medio, luego de que su esposo, Arturo Hernández Cardona, fue levantado y asesinado junto con otros dos dirigentes de la Unidad Popular de Iguala.

La otra disidente, Elizabeth Hernández de la Garza, milita en el PRI. Para dar paso a una investigación a fondo, sostiene, todos los regidores deben renunciar. Sabe que no le harán caso y por ello se contenta con decir que, en adelante, Iguala y su gobierno municipal estarán bajo la mira del gobierno federal. El resto de los regidores hacen llamados a ‘‘continuar trabajando’’ y son pródigos en alabanzas para Abarca.

La regidora de educación, Soledad Mastache, recién electa consejera nacional del PRD, apela a la ‘‘justicia divina’’ para que el alcalde vuelva pronto a su puesto. Dice también que los ‘‘problemas’’ que condujeron a la salida del edil ‘‘no los pedimos, no se generaron aquí, llegaron a nosotros’’.

Las intervenciones duran alrededor de una hora. Hay condolencias para los deudos y clamores de justicia, pero llama la atención que las palabras ‘‘policía municipal’’ no salen nunca de la boca de ningún regidor. Según la ley municipal de Guerrero, las ausencias del alcalde deben ser cubiertas por el síndico procurador. Ese cargo lo ostenta el militante del PT Óscar Antonio Chávez Pineda quien, originalmente, fue electo suplente.

El titular de ese puesto, Justino Carvajal Salgado, fue asesinado en marzo de 2013 (el sobrino de Félix Salgado Macedonio recibió seis tiros, incluido el de gracia). El crimen, para variar, no ha sido esclarecido. Chávez Pineda espera que con el caso de los normalistas ocurra lo contrario y aporta para ello la versión del ayuntamiento de Iguala.

En su breve discurso de aceptación de la encomienda habla de ‘‘fuego cruzado’’, es decir, presenta a los policías municipales como víctimas.

–¿Fuego cruzado?

–Hay testigos, no podemos decir sus nombres.

–Pero hablamos de al menos dos hechos. La primera agresión fue de los municipales y la segunda de un grupo no identificado.

–Eso es lo que se ha estado manejando, por eso el cabildo fijó una posición muy clara: que se busque de veras que se haga justicia.

–¿Fuego cruzado entre sicarios y normalistas con los municipales en medio?

–El fuego fue entre municipales y normalistas.

–¿Traían armas los estudiantes normalistas?

–Hay testigos que nos dicen que sí, por eso nosotros aseguramos que fue así; fuentes fidedignas, personas que iban con familia, y no se puede dejar de lado lo que dicen personas que iban con sus hijos, con sus esposas. No es posible que hayan vivido esa situación y estén fantaseando para decir que pasó algo que no fue cierto.

–¿El ayuntamiento culpa al gobierno del estado y a la Federación de no haber actuado?

–Así es; lo que nosotros sabemos del comandante fue que en su momento estuvieron solicitando la ayuda tanto de la fuerza estatal como de militares, los que inclusive hicieron saber que ellos no tenían capacidad de actuar.

–¿Miente el procurador del estado cuando dice que hubo ‘‘uso excesivo de la fuerza’’ de parte de la municipal?

–Es la posición que ellos tienen, pero los que estamos aquí, los que vivimos lo que pasó, tenemos una versión muy diferente; pero ya las autoridades tendrán que ir definiendo quién es el culpable o si hay autores intelectuales.

Para el encargado de la alcaldía, el hecho de que Abarca estuviera en la víspera de su informe es una prueba de descargo: ‘‘No puede ser que él solito agarre una piedra y se dé en la boca. No podemos ser tan inocentes de creer que él detonó todo esto para que le cayera en este momento’’.