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Ávila Camacho cedió el predio a la ciudad como un bien de utilidad pública, indican vecinos

La ampliación de la Plaza Delta contraviene decreto presidencial

Demanda el grupo la Voz de Narvarte que el INBA sancione a los responsables de derribar la estación de policía, que tenía valor artístico

Era uno de los últimos iconos de la colonia, dicen

 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de octubre de 2014, p. 37

A principios de los años 40 del siglo pasado, el predio que albergaba el inmueble de la octava delegación de la policía, en avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial, fue cedido por decreto presidencial a las autoridades de la ciudad de México como un bien para utilidad pública, por lo que las nuevas obras que se pretenden realizar contravienen esa disposición.

Así lo indicaron vecinos agrupados en el movimiento la Voz de Narvarte, quienes argumentaron que el terreno de 4 mil 200 metros cuadrados no sólo serviría para albergar las nuevas oficinas de la coordinación territorial Benito Juárez 3, sino también para ampliar el negocio de un particular.

Al anunciar que iniciarán una serie de movilizaciones para exigir el rescate y conservación de los vestigios arqueológicos y en contra de la ampliación de Plaza Delta y la construcción de un megaestacionamiento, demandaron que el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) sancione a los responsables de autorizar y efectuar el derribo del inmueble catalogado por su valor artístico.

El edificio, inaugurado en 1945 –agregaron– era uno de los últimos iconos de la colonia Narvarte, ubicado en un predio cuya historia se remonta a la época colonial. A fines del siglo XVI y principios del XVII se construyó el santuario a la virgen de La Piedad y el monasterio de la orden de los dominicos, que durante el mandato de Benito Juárez se convirtió en cuartel, relataron.

En esa función se mantuvo hasta que el 23 de diciembre de 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho emitió un decreto mediante el cual lo cede para su utilidad pública al pueblo de La Piedad, como se le conocía entonces a la colonia Narvarte.

Sobre el tema, el subsecretario de Gobierno, Juan José García, rectificó y aclaró que el predio se otorgó al grupo Danhos mediante un fideicomiso y no con un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), en el que ambos serán copropietarios de una parte del terreno, que mantendría su utilidad pública, porque ahí se instalarán oficinas gubernamentales y un estacionamiento, que estará a su disposición.

Indicó que por ahora una parte del predio se encuentra bajo resguardo del INAH, que deberá dar las indicaciones sobre lo que se hará con los vestigios arqueológicos e históricos encontrados en el sitio. Lo que disponga se acatará, apuntó.