Integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos exigieron al gobierno federal la despenalización a escala nacional de la interrupción del embarazo hasta la doceava semana de gestación, así como un alto a la criminalización de las mujeres y una inmediata revisión de todos los casos de las encarceladas por este motivo.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo de diversos estados de la República, dijeron, no sólo han incumplido con los compromisos internacionales asumidos de manera formal por el gobierno federal en materia de derechos sexuales y reproductivos, sino que además en muchos casos han impulsado un retroceso legal y de políticas públicas que atentan contra la salud y vidas de las mexicanas, sobre todo de las que viven en situación de mayor marginación social.

“Legisladores de los tres principales partidos han sido sumisos y obedientes ante los designios de la cúpula clerical católica. Han promovido y aprobado leyes para criminalizar a las mujeres en abierta violación al Estado laico y a diferentes compromisos internacionales asumidos por México, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujere; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (de Belém de Pará), la Declaración de Pekín y el Consenso de Montevideo.

Luego de realizar una sátira de personajes políticos y casos emblemáticos de incumplimiento de obligaciones gubernamentales sobre equidad de género y derechos de las mujeres, en el Hemiciclo a Juárez, recordaron que son múltiples los casos en todo el país que revelen la terrible realidad que significa ser mujer en la mayoría de las entidades.

Mencionaron el caso de Hilda, quien vive en Chiapas y padece síndrome de Down. Fue sometida a abuso sexual desde los 16 años hasta que quedó embarazada. A pesar de que su madre buscó apoyo, comentaron, las autoridades se lo negaron. Por un parto mal practicado, el producto nació muerto. Como el de Hilda, manifestaron, hay decenas de historias.

Por estas razones demandaron que el gobierno federal cumpla sus compromisos, entre ellos que el Plan Nacional de Desarrollo sea transversal, con enfoque de género. Además propusieron que las autoridades apliquen programas de salud sexual y reproductiva, que incluyan servicios de salud con perspectiva de género y derechos humanos, y garanticen el acceso a métodos de anticoncepción modernos, seguros y eficaces.