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Están acusados de canjear rehenes por detenidos en Ameyalco

Con el aval de la ombudsman local inician proceso a dos colaboradores

La decisión genera molestia en la tercera visitaduría de la CDHDF

 
Periódico La Jornada
Jueves 17 de julio de 2014, p. 36

Ante el intento de autoridades del gobierno de la ciudad de someter a proceso penal a dos visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el organismo a cargo de Perla Gómez Gallardo determinó iniciar una investigación ante la contraloría interna, tras ser acusados de negociar rehenes en el operativo que se realizo en San Bartolo Ameyalco, el 21 de mayo pasado.

El resultado del dispositivo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y de la delegación Álvaro Obregón para realizar una obra hidráulica originó la molestia del gobierno, por lo cual se condicionó a la CDHDF a someter a proceso a los defensores que estuvieron presentes para documentar el actuar de los policías, denunciaron fuentes cercanas al caso.

Por primera vez, el Ministerio Público no sólo requirió a los defensores de derechos humanos, sino solicitó el expediente laboral de uno de los trabajadores de la comisión, según el oficio 200/208/T2/1697/1405 girado por la Agencia Central de Investigación.

Datos de la averiguación previa ACI/T1/00137/14-05, que se inició por ataques a la paz pública, lesiones y robo, señalan que a pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal consignó el expediente ante el juez penal, se dejó un desglose por el cual se giró el citatorio para que se presentara el 2 de junio pasado.

La investigación que la contraloría interna del organismo emprendió contra los visitadores generó molestias en la tercera visitaduría, porque sin prueba alguna se les acusó de intentar negociar detenidos por rehenes y la CDHDF, en lugar de tomar la defensa, les inició proceso, indicaron las fuentes.

Contra el respaldo que se esperaba de su superior jerárquico, la titular de la tercera visitaduría, Yolanda Ramírez Hernández, interpuso la queja y, según el expediente de la contraloría, ya se solicitó un informe a las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública sobre el actuar de los visitadores, como parte de la investigación.

Ante la falta de apoyo, se pidió que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos tomara la defensa, pero se negó.

Según las actas circunstanciadas que obran en el expediente, los visitadores acudieron en calidad de defensores de los derechos humanos, cuya función fue observar la situación para documentar los hechos, de lo cual se informó a la tercera visitadora; no hubo negociación de rehenes, porque el informe señala que no los había, según el testimonio de la directora del Centro de Salud, donde dos policías, por su voluntad, se resguardaron.