Editorial
Ver día anteriorMiércoles 11 de junio de 2014Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Circos sin animales: demagogia e hipocresía
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a aprobación por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de una reforma legal que prohíbe en esta capital los circos con animales generó una primera reacción de los trabajadores del gremio, los cuales marcharon ayer de Buenavista al Zócalo en protesta por no haber sido consultados y en defensa de su derecho al trabajo.

En rigor, les asiste la razón. Si los legisladores capitalinos realmente estuvieran preocupados por evitar la crueldad y la explotación de animales en el entretenimiento habrían debido abolir, entre otras cosas, las corridas de toros, los zoológicos, los acuarios, el uso de bestias de tiro en carretas turísticas y el comercio de mascotas. Se cebaron, en cambio, en contra de un sector pequeño y desprotegido, el de la industria circense, sin afectar los grandes intereses corporativos que basan su operación en un maltrato animal mucho más claro y evidente.

Pero la discriminación contra los cirqueros es sólo una de las facetas impresentables de la reforma comentada: si no es por una búsqueda rápida de popularidad no es fácil entender que la mayoría de los asambleístas hayan respaldado la iniciativa surgida de un partido, el Verde Ecologista de México (PVEM), que, según la temporada electoral, aboga por la implantación de la pena de muerte o por proteger animales presuntamente maltratados, y que en el ámbito internacional ha sido repudiado en razón de esas incongruencias éticas por organizaciones ambientalistas serias como Greenpeace y los partidos verdes europeos.

Pero más allá de organizaciones y siglas específicas, es deplorable el aprovechamiento político electoral de una moda animalista que apela la sensiblería y la corrección política y se disfraza de humanista para impulsar activismos en defensa de algunas especies en un país asolado por diversas clases de violencia: la generada por la criminalidad, en primer lugar, pero también la miseria, la corrupción, el desempleo, la impunidad, la simulación, el racismo, la misoginia y la homofobia.

Otro tanto ocurrió con la llamada Ley de Protección a los Animales, aprobada por los diputados locales el pasado 30 de abril y vetada por el gobierno local, que en vez de impulsar una cultura de respeto y protección a los animales establecía obligaciones tan absurdas, irrealizables y frívolas como la de implantar un chip a las mascotas, realizar un registro de éstas ante las autoridades e imponer sanciones económicas a quien abandonara a un animal doméstico.

Sin duda, el desarrollo civilizatorio ha hecho pertinente una revisión a fondo de las formas de relación entre los humanos y las otras especies con las que comparte el planeta. Pero además de las encomiables prácticas humanitarias de muchos ciudadanos, hasta ahora el asunto ha quedado circunscrito a una execración de lo humano en nombre de la defensa del ambiente, a movimientos de liberación animal y a la formulación de categorías insostenibles como los derechos animales –se puede prohibir la crueldad humana por medio de las leyes, pero es absurdo imaginar a otras especies como sujetos de derecho– o el especismo, descalificación que pretende condenar la discriminación a los animales y homologarla con el apartheid, la misoginia o la homofobia. Tales ejercicios teóricos proceden, por lo general, de círculos extremadamente conservadores que se disfrazan de progresistas para incitar a movilizaciones que suelen distraer la atención de conflictos sociales.

Por lo demás, tal debate desemboca, irremediablemente, en la pregunta de si es moralmente lícito el aprovechamiento de los animales para la alimentación, el calzado, el trabajo, la diversión o la simple compañía, y en la cuestión de si han de adoptarse medidas de protección para todas las especies –de gorilas a microbios– o han de establecerse distinciones entre filos y categorías taxonómicas.

Ninguna de las cuestiones arriba señaladas ha sido considerada por la ALDF al aprobar la reforma comentada y ésta debe ser vista, en consecuencia, como un intento de quienes la aprobaron de congraciarse con sectores del electorado, ganar popularidad y presentarse como humanistas y caritativos aunque no lo sean.