Editorial
Ver día anteriorViernes 6 de junio de 2014Ver día siguienteEdiciones anteriores
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ABC: persistente impunidad
A

cinco años del incendio ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, persiste el sentir generalizado de indignación, zozobra e inconformidad ante el desempeño errático, tardío e improcedente de las autoridades encargadas de conducir las investigaciones sobre el caso y de sancionar a los responsables.

El reclamo de justicia y el escepticismo generalizado están más que justificados a la luz del saldo desolador, a 60 meses de ocurrida la tragedia en la que murieron 49 niños y cerca de 70 resultaron con heridas de medianas a muy graves: hay responsabilidades documentadas de empleados y ex empleados públicos, pero no se ha tocado a ningún alto funcionario ni a ninguno de los propietarios, ni se ha dado indicio alguno de voluntad en los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– para esclarecer los hechos.

Salvo el encarcelamiento de una decena de funcionarios menores, las autoridades han sido omisas en su responsabilidad de hacer justicia; han mostrado una actitud renuente a llevar a juicio a los copropietarios de la guardería –entre quienes se encuentran familiares de integrantes del gabinete del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y de la esposa del entonces titular del Ejecutivo federal, Margarita Zavala– y a hacer lo propio con los ex directores del Instituto Mexicano del Seguro Social Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, sobre quienes recae, cuando menos, responsabilidades políticas inocultables por los hechos, como quedó documentado en un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la postre rechazado por la mayoría de los miembros del máximo tribunal.

Además de constituir una negación inaceptable de justicia a las víctimas y sus familias, estas omisiones han fortalecido el menosprecio generalizado de la institucionalidad política del país por el bienestar y la vida de las personas: dicho menosprecio, que se había expresado ya con la tragedia de Pasta de Conchos, donde las autoridades laborales y judiciales pasaron por alto numerosas irregularidades que cobraron la vida de decenas de mineros, ha venido presentándose de entonces a la fecha en múltiples derrumbes registrados en socavones; en los casos de negligencia médica documentados en instituciones de salud pública y en eventos como la explosión ocurrida el año pasado en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, que hasta ahora se mantienen impunes.

El denominador común de todos esos episodios trágicos es la anteposición, a instancias del propio Estado, de la sed de rentabilidad a toda costa que caracteriza a la iniciativa privada respecto del perfil humanista y de responsabilidad social que debiera prevalecer en las instituciones públicas y, muy especialmente, en las del sector salud. El caso ABC es una consecuencia particularmente trágica del desastroso modelo de subrogación de servicios y funciones públicas que ha orillado a las autoridades a fungir como proveedoras de oportunidades de negocio para particulares, en perjuicio de trabajadores, derechohabientes y de la sociedad en general.

Es pertinente y necesario que dicho modelo sea sometido a una revisión profunda y poner fin al desorden y la opacidad que caracterizan al esquema de subrogación de potestades públicas a particulares. Mucho más urgente es que el actual gobierno abandone la inercia en este caso y procure justicia a las víctimas y sus deudos, en el entendido de que la preservación de la impunidad erosiona la credibilidad de la institucionalidad en su conjunto.