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Resolvía amparos en beneficio de casas de apuestas: CJF

Presentan otra denuncia contra el juez Barbosa Alanís por favorecer a casinos
 
Periódico La Jornada
Viernes 30 de mayo de 2014, p. 17

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que presentó una nueva denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del ex titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa en Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, y sus secretarios Héctor Armando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González, por favorecer casas de apuestas.

De acuerdo con la denuncia, el juez y sus secretarios presuntamente favorecieron de manera constante con actos irregulares a las empresas Entretenimiento de México, Atracciones y Emociones Vallarta y las Cervezas Modelo de Nuevo León.

En un comunicado, el CJF señaló que desde marzo pasado se les inició procedimiento de responsabilidad administrativa, actos que se indagaban desde 2011.

Detalló que a raíz de diversas quejas presentadas contra el juzgador por el probable otorgamiento ilícito de suspensiones provisionales y definitivas a casas de apuestas, el organismo ordenó la práctica de la visita extraordinaria 13/2011 de inspección al juzgado tercero de distrito en materia administrativa (en Nuevo León).

De las pruebas recabadas, se desprendieron elementos suficientes para inferir una probable actuación irregular de Ricardo Hiram Barbosa Alanís y del secretario Héctor Monterrubio Pontigo al conocer, tramitar y resolver diversos juicios de amparo, el primero en su función de juez de distrito y el segundo actuando como secretario y encargado del despacho dentro de expedientes analizados, en detrimento de los principios y funciones que se encuentran obligados a cumplir.

La judicatura señaló que luego de las investigaciones concluyó que con relación a Barbosa Alanís se identificaron movimientos por depósitos y/o abonos de origen desconocido por 597 mil tres pesos.

En un análisis realizado a los registros bancarios de las personas relacionadas con el servidor público, se determinó que existían depósitos y/o abonos cuyo origen se desconocía por un monto total de 5 millones 123 mil 555 pesos.