on los niños de la guerra. Las víctimas diarias del desplome institucional que ha llevado a niveles ínfimos, nunca antes vistos, las políticas oficiales de seguridad pública, procuración y administración de justicia, educación, cultura, oportunidades de empleo, desarrollo social… Son los hijos pequeños de los padres asesinados sin esperanza siquiera de una averiguación judicial en forma, de los desempleados que optaron por el camino sangriento del crimen organizado, de las parejas obligadas por las circunstancias a desatender a sus pequeños, de los enfermos golpeadores que son producto del salvaje sistema vigente, de la impunidad y la corrupción que facilitan esa violencia, cuya permanencia por generaciones está garantizada en estos niños y adolescentes de hoy.

Allí están los casos que los medios de comunicación difunden en estos días, como una tendencia creciente y no una excepción. En Ciudad Victoria muere Héctor Alejandro Méndez Ramírez a manos de compañeros de su secundaria y entre desatención burocrática de directivos escolares (http://bit.ly/1j7EUFZ). En San Luis Río Colorado un bebé de dos años, Cándido Emanuel Gámez González, fallece luego de ser olvidado por sus padres durante dos horas y media dentro de un automóvil con las ventanillas cerradas bajo el sol ardiente. En Tijuana, Alethia Peña es encarcelada luego de que quemó las manos de su hijo de cinco años porque comió galletas domésticas sin consentimiento. En Tlalnepantla, la agente local de policía Irma Virginia Salazar Velasco lleva a su hijo de cinco años, llamado Owen (en las redes sociales se ha propagado la etiqueta #SalvemosAOwen) a un hospital para que lo atiendan de caídas cuando en realidad fue sistemáticamente golpeado, presuntamente por el novio de la madre, ante lo cual un agente del Ministerio Público elude tramposamente tomar cartas judiciales en el asunto. En Zacatecas, humillan y golpean a una niña y graban video luego puesto en Youtube (http://bit.ly/1j7Va9X). En Xalapa, presuntamente en una pelea doméstica, un hermano (de 16 años de edad) asesina a otro (de 9) al aventarle un ventilador a la cabeza, sin que los padres se den cuenta sino al otro día.

No es (solamente) material de nota roja y no se circunscribe a los casos de abusos escolares, llamados bullying. Son demostraciones contundentemente dolorosas de que hoy este México nuestro puede entenderse tanto a partir de las desgracias reseñadas en las planas policiacas como de los saraos y venturas difundidas en las secciones de alta sociedad. No puede ser sana ni generar convivencia sana una sociedad que permite la distancia descomunal entre quienes poco o nada tienen y los que mucho y en exceso llegan a acumular.

Pero, como ha sucedido con otros temas punzantes de la realidad mexicana, la capacidad de asombro va decreciendo conforme el número de casos se multiplica, sin que sobrevivan a fin de cuentas más que expresiones lastimeras, que no logran convertirse en acciones políticas y sociales que modifiquen positivamente la realidad de niños y adolescentes mexicanos condenados a la segregación, la injusticia, la impunidad, la corrupción y la violencia directa, mortal en varios casos.

Esas políticas de exclusión social mayoritaria, para beneficio de élites amafiadas, cuentan con el visto bueno y la supervisión de la potencia vecina, cuyo secretario de Estado, John Kerry, se reunió ayer con el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade (un tecnócrata que llegó al cargo con experiencia en asuntos económicos, pero no diplomáticos) y con el mexiquense que, desde Los Pinos, mantiene a la economía estancada (los cálculos de crecimiento económico anual han sido nuevamente ajustadas a la baja) y a la política secuestrada (mediante pactos repartidores de migajas), y que, para imponer a cualquier costo el esquema de reformismo entreguista que como punto mayor tiene el de la riqueza energética nacional, va extendiendo redes de criminalización de las protestas sociales. México, convertido en agente de migración de los gringos, sometido a la condición de simple pieza móvil en el tablero de los intereses geopolíticos estadunidenses, garante complacido de que persista la escandalosa brecha socioeconómica, sólo garantiza así la continuidad de los esquemas de pobreza, violencia e injusticia que entre otras víctimas tienen a esos niños de la guerra librada en México contra los mexicanos.

Mientras tanto, los magistrados electorales, ayer vorazmente decididos a aceptar la pensión vitalicia que Los Pinos les había promovido agradecidamente, ahora se han puesto dignos y han anunciado que ellos no aceptarán el pago acotado a dos años que el PRI promovió a última hora como medida compensatoria. Exhibidos por sí mismos quedaron cuando habían dicho que sí, aunque ahora no quieran las uvas verdes porque son muy pocas y demasiado escandalosas.

El que sigue en las quinielas relacionadas con retiros anticipados es el solitario de Toluca, Eruviel Ávila, a quien ya antes le habían retirado a su secretario de seguridad pública para imponerle a un sustituto proveniente del grupo hidalguense de Osorio Chong, y al que ahora, además, le han renunciado al secretario general de gobierno y al procurador de justicia (también salió de la nómina la directora del DIF estatal). Al relevo en la SG entra José Manzur, quien, como diputado federal que presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, goza de la confianza de Luis Videgaray. Para la PGJEM se propone desde Los Pinos (donde era consejero jurídico adjunto) a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, del equipo del comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo. Lo malo de la guerra política en la tierra de EPN es que en medio han quedado los pobladores que diariamente sufren grave violencia criminal.

Y, mientras Miguel Ángel Mancera sigue dando pruebas de impericia política, esta vez en San Bartolo Ameyalco, delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, donde la violencia estalló a causa del cada vez más delicado problema del agua y su reparto, ¡hasta mañana!

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