La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió hace meses que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sean vinculantes con todos los órganos jurisdiccionales del Estado mexicano, siempre y cuando estos favorezcan en mayor medida a las personas. Esta determinación aprobada el 3 de septiembre de 2013 pasó desapercibida y asegura a los pueblos indígenas un nuevo eslabón en la cadena de perjuicios a sus derechos.

El suceso se ajustó a las recomendaciones que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a México en materia de derechos y cultura indígena el 25 de octubre de 2013.

Antes del 3 de septiembre de 2013 la sala superior de la Corte determinó que la jurisprudencia emitida por la CIDH es vinculante, porque los criterios jurisprudenciales del organismo tienen esa característica con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, pues constituyen una extensión de los tratados internacionales que interpreta, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos previstos en ellos.

La SCJN establece la importancia de mencionar que en cumplimiento de este mandato, los juzgadores deben atender a lo siguiente:

Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; en todos los casos en que sea posible debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional, y de ser imposible la armonización debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas.

Tal decisión representa, según Jaime Martínez Veloz, comisionado para los Pueblos Indígenas del gobierno federal, que México está ante una nueva realidad normativa nacional e internacional en materia de derechos y cultura indígena, la cual conlleva a una necesaria adecuación de su marco constitucional e institucional.

El funcionario recordó que en mayo próximo se llevará a cabo en Nueva York la 13 sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, donde se analizarán los principios de la buena gobernanza, de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en sus artículos del 3 al 6 y el 46.

En ese encuentro se abordará la aplicación de tal declaración, que para el caso de México la Secretaría de Gobernación estableció como compromiso institucional, en el programa sectorial 2013-2018, la armonización de la legislación nacional con la declaración de Naciones Unidas en materia indígena, señaló Martínez Veloz.

Las recomendaciones para México de la Asamblea General de la ONU, realizada el 25 de Octubre de 2013 sobre derechos y cultura indígena, implicaron para el país asegurar la completa y efectiva consulta de las personas indígenas en la economía y el desarrollo de políticas y proyectos que las afectan; promover el desarrollo regional en zonas indígenas y fortalecer las economías locales y mejorar sus condiciones de vida; continuar trabajando con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas para asegurar el respeto de sus derechos humanos, auto-determinación y autonomía.

Pero sobre todo fomentar mayor participación de los pueblos indígenas con la elaboración de una ley que regule sus derechos mediante consulta previa; diseñar y fortalecer programas para dirigir las desigualdades en derechos humanos que padecen las comunidades indígenas y los afrodescendientes; asegurar la consulta previa con comunidades indígenas de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; reconocer a las personas con descendencia africana como grupo étnico y promover sus derechos; continuar trabajando hacia la protección y defensa de los derechos de los migrantes, y continuar con los esfuerzos para mejorar la situación de los trabajadores migrantes en su territorio.

El comisionado del gobierno federal explicó que, en materia indígena, la Secretaría de Gobernación se comprometió en su Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 a impulsar la armonización del marco legal con los tratados nacionales e internacionales en materia indígena, por medio de la promoción de la participación indígena en procesos de construcción de acuerdos y elaboración de iniciativas de ley.

Impulsar el establecimiento de mecanismos que consideren las especificidades culturales de los pueblos indígenas en las prácticas jurídicas. Con esto se promoverán mesas de trabajo, talleres y reuniones, los mecanismos de actuación en materia jurídica a los que tienen derechos las personas, comunidades y pueblos indígenas.

Promover el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Armonizar la legislación nacional con las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con el artículo primero constitucional. Impulsar la armonización de la legislación nacional con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.