as más recientes revelaciones de Edward Snowden –entre ellas, que Julian Assange figura en un cronograma de cacería humana y la posible clasificación de Wikileaks como agente malicioso externo– demuestran a las claras que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos equipara el periodismo y la denuncia ciudadana con el terrorismo.

Si el lector ha buscado alguna vez Wikileaks en Internet, es probable que la inteligencia británica y la NSA lo tengan identificado.

Hace unas semanas, documentos revelados por el denunciante ciudadano Edward Snowden y publicados por The Intercept mostraron que el Centro Operativo de Comunicaciones Gubernamentales (GCHQ, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, equivalente británico a la NSA, recabó las direcciones IP de personas que buscaron o visitaron Wikileaks, como parte del esfuerzo de la agencia por acopiar información sobre la red humana que apoya el sitio de publicaciones. Pero los documentos también exponen serias repercusiones potenciales para la libertad y para la prensa en conjunto.

Todo comienza con el director de Wikileaks, Julian Assange, mi cliente. Los documentos revelados por The Intercept muestran que la NSA designó a Assange como objetivo, en el mismo nivel que los miembros de Al Qaeda; que la agencia presionó a países aliados para que intentaran someterlo a juicio penal, y que evaluó catalogar a Wikileaks como actor extranjero malicioso, lo cual expondría a cualquiera que tenga contacto con el sitio –desde lectores pasivos hasta voluntarios, incluidos ciudadanos estadunidenses– a ser vigilado. Semejantes tácticas dejan ver con claridad que Assange tuvo razón en solicitar asilo y Ecuador estuvo justificado al concederlo.

La NSA colocó a Assange en lo que llama un cronograma de cacería humana. Las personas en esa lista son objetivos que la agencia busca ubicar, perseguir, capturar o matar, entre ellos miembros de Al Qaeda. Que Assange, un individuo que publicó información de denunciantes ciudadanos, se encuentre en tal lista indica que la agencia no teme usar su autoridad de acopio de inteligencia para impedir el libre flujo de información.

En el caso de Assange, el documento detalla la forma en que el gobierno de Barack Obama apremió a sus aliados –entre ellos Australia, Reino Unido, Islandia y Alemania– para enjuiciarlo por publicar documentos secretos de la guerra de Afganistán. Y eso fue antes de que Wikileaks difundiera documentos de la guerra de Irak y la serie de cables diplomáticos que llegó a ser conocida como Cablegate. No hace falta mucha credulidad para pensar que tales esfuerzos debieron de haberse intensificado luego de la serie de publicaciones de alto perfil que vino después de 2010 (fecha del documento recientemente divulgado), y que Estados Unidos debió de continuar abusando de su poder para inducir a otras personas con el fin de que presionaran a Assange y le impidieran seguir publicando.

Clasificar a Wikileaks como actor malicioso extranjero lo sujetaría, junto con sus lectores y colaboradores, a la vigilancia más amplia posible, y permitiría espiar a ciudadanos estadunidenses que forman parte de su equipo, incluidos abogados como yo.

Estas revelaciones hacen más que ilustrar el uso de una vigilancia extendida para perseguir a divulgadores como Assange. También exponen a otras instituciones noticiosas, como The Guardian, The New York Times y The Washington Post, que han trabajado con Assange para publicar documentos presentados en Wikileaks. La red de la NSA podría expandirse hasta ellos, en par­ticular considerando que la agencia ha vacilado poco en vigilar a ciudadanos estadunidenses.

También en fechas recientes, la Suprema Corte británica ratificó la decisión del gobierno de ese país de detener en Heathrow a David Miranda, pareja del periodista Glenn Greenwald, y retenerlo durante horas para interrogarlo con fundamento en la ley británica sobre terrorismo, pese a que el viaje formaba parte de actividades periodísticas. Miranda llevaba documentos para ser entregados a The Guardian en el camino de regreso a su visita a la periodista Laura Poitras en Alemania. La corte resolvió que la libertad de prensa era superada por la ley sobre el terrorismo, lo cual abre una puerta peligrosa para impedir las actividades de una prensa libre en nombre del antiterrorismo.

Una comunidad de inteligencia cada vez más poderosa, que recibe semejante carta blanca de los gobiernos, no es buena noticia para el cuarto poder. No puede haber prensa libre bajo esas condiciones, y sin prensa libre no puede haber un verdadero sistema democrático. La luz que esas revelaciones arroja sobre las actividades de la NSA sólo sirve para alargar la sombra de la agencia y nos muestra cuánto no sabemos sobre las prácticas empleadas en el acopio de inteligencia.

Sabemos que la NSA y el gobierno estadunidense lanzaron un programa para desacreditar y destruir a Wikileaks. No sabemos cómo planea el gobierno continuar con ese programa.

Sabemos que la inteligencia británica es capaz de realizar programas de vigilancia a los lectores y patrocinadores de Wikileaks en tiempo real, y que lo ha hecho anteriormente. No sabemos si esos programas terminaron o continúan actualmente.

Sabemos que la NSA colocó a Assange entre terroristas en un cronograma de cacería humana. No sabemos si la designación de Wikileaks como agente extranjero malicioso significa que la actividad de la NSA ha vuelto a ser decidida por los agentes interesados en ejercer la vigilancia más amplia posible del sitio web.

Sabemos que en Virginia se convocó un gran jurado para investigar a Wikileaks, y que funcionarios del gobierno federal dijeron que la investigación continuaría. No sabemos si Assange ha sido consignado (pero creemos que tal vez sí), lo que lo obligaría a continuar viviendo en aislamiento en la embajada ecuatoriana en Londres.

Sabemos que los tribunales británicos no temen reducir la libertad de prensa. No sabemos hasta dónde llegarán esas restricciones.

Y si los denunciantes ciudadanos, divulgadores y periodistas siguen siendo silenciados y perseguidos, bien puede ser que nunca lo sepamos.

* Michael Ratner es presidente emérito del Centro por los Derechos Constitucionales, que representa a Wikileaks y a Julian Assange, así como a otros periodistas y organizaciones de noticias que buscan hacer públicos documentos del juicio de Chelsea Manning.

Publicado originalmente en Truthout

Traducción: Jorge Anaya