Al promover ante el sector privado la iniciativa de ley secundaria en materia de competencia económica, presentada el miércoles a la Cámara de Diputados, el presidente Enrique Peña Nieto destacó la propuesta de crear un órgano con autonomía técnica y de gestión para desahogar las investigaciones en los temas de monopolios y prácticas anticompetitivas.

Frente a los industriales de la transformación (Canacintra) puso como su principal prenda del proyecto la garantía de separar a la autoridad investigadora de aquella que resuelve y determina en materia de competencia económica.

Con ello, puntualizó, se cumple un principio básico del derecho, al separar las áreas, funciones y procedimientos de investigación respecto de los de resolución.

Además, subrayó Peña Nieto, se amplía el catálogo de conductas anticompetitivas.

La iniciativa define las conductas anticompetitivas y precisa la prohibición de los monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas y barreras que disminuyen, dañan o impiden la libre competencia, indicó.

Esas y otras figuras contempladas en la legislación secundaria, indicó, fortalecerán el sentido de la nueva Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) para garantizar competencia entre empresas en igualdad de condiciones para dar a los mexicanos acceso a productos y servicios de mayor calidad y menor precio.

Esta institución, dijo, tendrá los instrumentos para eliminar barreras y nivelar el terreno de juego y abrir oportunidades sobre todo a las pequeñas y medianas empresas mexicanas.

De inicio, el mandatario había exaltado la labor de los empresarios del país, porque son ustedes quienes invierten y generan empleos; quienes se la juegan con México; quienes apuestan y tienen confianza en México. Y que al hacerlo, contribuyen a generar espacios de desarrollo y realización personal.

Con la reforma para la Competencia Económica, insistió, se cerrará el paso a las prácticas anticompetitivas, se asegura la libre competencia y la concurrencia de todos los sectores económicos.

En el nuevo precepto, convino también, se retoman definiciones de la ley vigente sobre prácticas monopólicas absolutas y relativas, de la determinación del mercado relevante, poder sustancial y concentraciones, porque han probado en los últimos años su congruencia con el marco jurídico y las mejores prácticas internacionales.

Pero también, destacó, se incorporan nuevos mecanismos para prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas y mecanismos para garantizar el acceso a insumos esenciales y sancionar su explotación abusiva por parte del agente económico dominante.

Asimismo, con la nueva legislación, habrá mayor eficiencia y agilidad, procesos más cortos y limitación al número de recursos para ser interpuestos, ya que en la práctica se han utilizado para dilatar los procedimientos e incluye mecanismos para disminuir la discrecionalidad de la autoridad.

Fomento industrial

Mientras México no cuente con un mercado interno sólido y en crecimiento, el esfuerzo exportador será insuficiente para sostener el avance del país, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Rodrigo Alpizar Vallejo, quien demandó al titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, la instrumentación de una política de fomento industrial que permita a México mantenerse firme pese a los vaivenes de la economía mundial.

Durante la inauguración de la Convención Nacional de Industriales 2014, el dirigente empresarial demandó que las compras de gobierno pasen de los 93 mil millones de pesos que se alcanzaron el año pasado a 130 mil millones en 2014.

En entrevista posterior señaló que al cierre de 2013 había 40 mil empresas que todavía no recibían sus pagos luego de haber prestado servicios al sector gubernamental, por lo cual, dijo, es necesario agilizar el ejercicio del pasto público.

Calculó que hasta el año pasado los adeudos del gobierno con las pequeñas y medianas empresas alcanzaban 100 mil millones de pesos, cantidad 7 mil millones de pesos superior a las compras de gobierno logradas en 2013.

Pierde autonomía

La Iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica presentada este miércoles por el presidente Enrique Peña Nieto afecta la seguridad y certidumbre jurídicas de las empresas; fortalece a la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) frente a las empresas, pero la debilita frente al Ejecutivo federal y podría impactar negativamente el funcionamiento del libre mercado, sostuvo la cúpula empresarial.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón, señaló que la debilidad de la CFC frente al Ejecutivo afecta la autonomía que pretendió darle la Constitución y también advirtió que en la iniciativa no se limita expresamente la determinación de insumos esenciales y precios máximos, con lo que se podría impactar negativamente el funcionamiento del libre mercado, y finalmente al consumidor.