Buenos Aires, 20 de enero.

El jefe de gabinete de Argentina, Jorge Capitanich, desestimó hoy todo tipo de especulación ante el silencio que mantiene la mandataria Cristina Fernández de Kirchner, sometida a una cirugía craneal a principios de octubre pasado. La presidenta toma decisiones en forma sistemática y diaria, tanto estratégicas como operativas, y está en contacto con cada uno de sus ministros, a quienes instruye órdenes y promueve las acciones correspondientes, dijo.

Además, tanto Capitanich, como el ministro de Defensa, Agustín Rossi, denunciaron y alertaron en los últimos días sobre intentos permanentes de desestabilización y una serie de embates destituyentes contra el gobierno de Fernández de Kirchner. Entre otros elementos esto fue atribuido por Rossi a una cantidad de sectores económicos y financieros que intentan generar desgaste y un escenario de caos y de crisis.

Después de anunciar el 19 de noviembre pasado la renovación del gabinete y asistir a algunos actos, la presidenta viajó a Río Gallegos, Santa Cruz, en el extremo sur del país, para pasar las fiestas decembrinas con su familia; en días pasados se reintegró a la oficina presidencial y se ha mantenido en silencio. Trascendió que se prepara para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a celebrarse la próxima semana en Cuba.

Capitanich llamó hoy a identificar a quienes están detrás de los ataques especulativos de las últimas horas respecto del dólar y ratificó que para el gobierno nacional el denominado dólar Blue (en el mercado negro) es ilegal, y por lo tanto, no puede ser tomado como indicador de la marcha real de la economía, y que esto es impulsado por grupos que quieren forzar decisiones de gobierno.

Capitanich advirtió también sobre una serie de acciones de grupos de poder, entre ellos los que en estos momentos lanzan la propuesta de un modelo agroexportador, que implicaría dejar en el desempleo a diez millones de argentinos, bajar salarios o generar mayor exclusión.

No es casualidad que exista un diseño urdido por grupos mediáticos concentrados, con una acción deliberada para generar pesimismo y pérdida de confianza, remarcó.

También advirtió que no fueron casuales las protestas policiales simultáneas, con acuartelamientos y paros ilegales en diciembre pasado. Esto derivó en olas de saqueos y robos a comercios y viviendas en diversas ciudades. Nosotros (el nuevo gabinete) asumimos el 20 de noviembre, y el 3 de diciembre hay un alzamiento policial en Córdoba, una enorme coincidencia. Pero no es casualidad, hay causalidad. Hay un intento de desestabilización permanente hacia el gobierno. El cambio de expectativa, a través de un cambio de gabinete, ha sido sistemáticamente atacado.

Añadió que los alzamientos policiales fueron para provocar una deslegitimación de los gobiernos provinciales que lograron, en muchos casos, respaldo popular en las elecciones.

También se destacó la fecha elegida para el alzamiento policial, el 3 de diciembre, el mismo día en que se celebraban los 30 años de recuperación de la democracia. A eso se le suman acciones deliberadas, o no, por parte de empresas de energía eléctrica para no prestar servicios, no programar adecuadamente y la incapacidad para resolver el problema.

En tanto, el gobierno firmó el decreto que coloca la lucha contra el narcotráfico bajo la jurisdicción del secretario de Seguridad Sergio Berni, y descartó la posibilidad de involucrar a personal militar en el combate al trasiego de droga.

“Cometeríamos un grave error si involucramos a las fuerzas armadas en el combate del narco y tendríamos una sociedad mucho más violenta”, sostuvo el ministro de Defensa, al rechazar propuestas para una modificación de las leyes de defensa y de seguridad interior.

Así, el combate al narcotráfico salió de la jurisdicción de la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico (Sedronar).

Actualmente, unos cuatro mil 4 mil 500 efectivos del ejército forman parte del Operativo Fortín, para colaborar en el control de los espacios de jurisdicción nacional a través de la vigilancia terrestre y aérea de zonas fronterizas dentro de lo establecido por la ley de defensa, que permite que las auerzas armadas apoyen a las fuerzas de seguridad en tareas logísticas.

Rossi recordó lo que sucedió en países donde se utilizaron las fuerzas militares para combatir el narcotráfico, como Colombia y México, al señalar que las experiencias no fueron buenas en ninguno de esos casos. Esas experiencias han aumentado las denuncias por violaciones a los derechos humanos a la sociedad civil y se ha incrementado el número de muertos.