Número 210
Jueves 9 de Enero
de 2014

Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

Prevenir con Educación, un reto
para México

En 2008, en el marco de la Conferencia Internacional de VIH, realizada en México, Ministros de Salud y Educación de América Latina y el Caribe asumieron un compromiso histórico por medio de la firma de la "Declaración Ministerial Prevenir con Educación".

Como Católicas por el Derecho a Decidir celebramos que nuestro país haya firmado esta importante Declaración que compromete a los países firmantes a reducir para 2015:

· 75% la brecha en el número de escuelas que actualmente no han institucionalizado la edu-
cación integral en sexualidad.
· 50% la brecha en adolescentes y jóvenes que carecen de cobertura de servicios de salud
para atender sus necesidades de salud sexual y reproductiva.

Es lamentable que a 5 años de la firma de esta declaración, se hayan realizado pocos avances. Año con año, organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe realizan una evaluación de la implementación de la Declaración Ministerial. En México, la Red Democracia y Sexualidad, Demysex reportó que de 2008 a 2012, la implementación de la Declaratoria tuvo un avance general del 68%. Sin embargo, en cuanto a la institucionalización de la educación integral en sexualidad, para los centros educativos, sólo se registró un aumento del 42%.

En México la jerarquía de la Iglesia católica juega un papel muy importante en materia de retrocesos para la educación sexual. Basta mirar el ideal de educación sexual que se tiene dentro de la Iglesia católica, tal como lo muestra la Carta Pastoral Familia Educadora en la Sexualidad, escrita por el Cardenal Norberto Rivera que indica lo siguiente: "El papel de la familia en la educación de la sexualidad se nos presenta, como insustituible para que los hijos lleguen a su verdadera humanidad…" "Es de los padres de donde el hijo toma los primeros modelos de amor entre un hombre y una mujer y es de los padres de donde el niño o la niña va identificando la sexualidad como una dimensión de su persona".

Como ciudadanas y como católicas nos preocupa que la creciente influencia de grupos conservadores en la elaboración de políticas públicas, está limitando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. Esta influencia ya se ha visto reflejada en el desabasto de métodos anticonceptivos y en una educación sexual limitada. También, aunque de manera más indirecta se ve afectado el acceso a los servicios amigables de salud.

Por ello, es fundamental dar seguimiento a los avances generados en esta materia, como la Declaración de Bali del Foro Mundial de la Juventud, aprobada en diciembre de 2012 en el período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas.Esta declaración"insta a los gobiernos a proteger los derechos humanos de adolescentes y jóvenes, a tener el control y decidir libre y responsablemente en asuntos relacionados con la salud sexual y la salud reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia, y les exhorta a proveerles una educación integral para la sexualidad, los derechos humanos y la igualdad de género".Asimismo es importante no perder de vista los acuerdos alcanzados durante la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que se realizó en Montevideo este año, en donde se solicitó al Fondo de Población de las Naciones Unidas fortalecer la cooperación entre los gobiernos de la región y fortalecer la inversión en la juventud con el fin de impulsar acciones relacionadas con "elacceso a educación de calidad, incluyendo la educación integral en sexualidad, la igualdad de género, el empleo decente para jóvenes y su acceso a los servicios de salud de calidad, incluida la salud sexual y la salud reproductiva, en colaboración con otros organismos de cooperación y del sistema de las Naciones Unidas".

En CDD consideramos que los programas de educación sexual para adolescentes y jóvenes deben basarse en sus necesidades, no en agendas religiosas; deben abordarse con una perspectiva de género y adoptar una actitud positiva de la sexualidad.

Por ello, esperamos que la evaluación de los avances hacia las metas de la Declaración Ministerialque está realizando la sociedad civil, aporte a un diálogo constructivo con los ministerios de Salud y Educación y que coadyuve a generar estrategias de incidencia que deriven en compromisos renovados por parte de los gobiernos en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe.

S U B I R