Guanajuato, Gto., 3 de diciembre.

El juez único penal de la ciudad de Guanajuato liberó por falta de pruebas a dos de los siete empresarios detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), acusados de fraude superior a 27 millones de pesos en agravio del gobierno del estado.

Marcela Guiza Bravo y Roberto Carlos Rodríguez, socios de las empresas Omniprov y Soluciones de Tecnología Avanzada, salieron del penal de Puentecillas, en la capital del estado, la noche del lunes. En tanto, el titular del juzgado, Gilberto Martiñón Moreno, dictó formal prisión a Carlos Alonso Aguilera Rangel y a Clara Torres Vega, socios de Meadal Comercializadora y Omniprov.

Sigue pendiente la situación jurídica de Marco Antonio Rolón García, Laura María Jaramillo Farías, Melanie Micheline Martínez y de Burstín Presseq de Tecnología Avanzada y Medal.

La procuraduría estatal acusó a los siete empresarios de coludirse con el ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas Eduardo García Sánchez, para simular compras e inflar costos de insumos para defraudar con 27 millones de pesos al gobierno del estado, durante la administración del panista Juan Manuel Oliva.

Los empresarios fueron detenidos, a raíz del proceso 2795/2013, pero sigue prófugo García Sánchez, quien forma parte de los delincuentes más buscados por la PGJE. El ex funcionario fue boletinado en la interpol y en las procuradurías del país.

La PGJE también debe arrestar a los funcionarios y ex servidores públicos que defraudaron al gobierno estatal, exigió el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Javier Contreras Ramírez.