Chilpancingo, Gro., 30 de octubre.

Morelia, Mich., Más de 20 perros callejeros murieron luego de consumir pollo envenenado que autoridades de Pátzcuaro distribuyeron en calles de la isla de Janitzio, como parte de los preparativos para recibir a miles de visitantes la noche de Muertos, denunció el Comité Ciudadano por el Trato Ético a los Animales. Talía Coria, dirigente de esa organización, afirmó que el envenenamiento ocurrió hace dos semanas, por lo cual presentará una denuncia penal por abuso de autoridad. La gente admitió que personal del ayuntamiento colocó los cebos en lugares públicos y al día siguiente recogieron los perros muertos, dijo.

Culiacán, Sin., Veintitrés trabajadores demandaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje al ayuntamiento de Culiacán para que los reconozca como empleados permanentes adscritos a la tesorería, los nombren inspectores y les paguen diferencias salariales y las comisiones que les adeudan desde que ingresaron a laborar. Ellos forman parte de un grupo de 70 empleados que hacen labores de ejecutores y verificadores y tienen entre 25 y 30 años de servicio.

Jalapa, Ver., El Congreso local informó que este jueves enviará notificación oficial del proceso de desafuero que sigue contra la alcaldesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, a quien la Procuraduría General de Justicia del Estado responsabiliza del asesinato de su secretario particular, Michel Martínez Corro. A partir de hoy, Herrera Cano tendrá 10 días para defenderse. Soy una mujer que respeta el estado de derecho, que trabaja. Lo que soy se lo debo al esfuerzo. La manipulación de la investigación es a todas luces un ardid político, dijo.

Ciudad Victoria, Tamps., Agricultores del municipio de San Fernando exigieron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que los incluya en las listas de beneficiarios del seguro catastrófico, por la sequía que han padecido durante tres años. Aseguraron que la dependencia los excluyó por error, pero ésta afirma que no pueden ser beneficiarios del seguro, pues cada productor posee más de 20 hectáreas. Los agricultores presentaron documentos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, con los cuales demostraron anomalías en los registros de la Sagarpa.