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El PRI acepta crear el instituto nacional de elecciones, pero bajo sus reglas

Partidos y gobierno, incapaces de alcanzar consensos sobre la reforma político-electoral
 
Periódico La Jornada
Lunes 28 de octubre de 2013, p. 9

Sin un documento integral de propuestas, muchos acuerdos e igual número de discrepancias, pero ya con el tiempo encima, los representantes y legisladores de los tres principales partidos políticos y el gobierno federal fueron incapaces de alcanzar un acuerdo en su compromiso de reforma política, dentro el Pacto por México.

Aunque el PRI expresó que honrará su palabra en la creación del instituto nacional de elecciones, ha formulado múltiples observaciones y advertencias que deben tomarse en cuenta antes de una eventual aprobación del nuevo órgano por parte del Congreso, para no perder lo que con el Instituto Federal Electoral (IFE) se ha logrado en los años recientes.

En la lista de desacuerdos destacan las reservas que el PRI tiene para aceptar una segunda vuelta en la elección presidencial. En cambio, insiste en un modelo eficaz de gobiernos de coalición, como establece el propio documento original del Pacto por México.

Las siete mesas de reforma política que desde agosto pasado fueron instaladas por los dirigentes de PRI, PAN y PRD, así como el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong), sólo alcanzaron resultados dispares.

Algunas mesas lograron un documento final con muchos consensos; otras, con una lista de fuertes discrepancias, inicialmente insalvables, pero que fueron encorchetadas para ser analizadas dentro del Consejo Rector del Pacto por México. Otras más, en definitiva ni siquiera pudieron redactar un documento final.

En varias de las mesas, hubo un vacío o inasistencia de la representación panista.

Mecanismo útil

Desde la visión de Adrián Gallado Landeros, presidente de la Fundación Colosio e integrante del Consejo Rector, las mesas de trabajo resultaron un mecanismo extraordinariamente útil para acercar posiciones entre los partidos políticos y el gobierno federal, siempre con mucha civilidad, respeto y abiertos al diálogo y a la construcción de acuerdos.

En entrevista, enumera una larga lista de preacuerdos alcanzados en varias de las mesas, donde sí hubo documento final. Pero ahora serán legisladores los quen tengan la última palabra y decidan en cada caso. El pacto propone y el Congreso dispone, indicó.

El presidente de la Fundación Colosio citó que hay avances considerables en la iniciativa ciudadana, consulta popular, e iniciativa preferente, así como en la Ley General de Partidos, que incluye el fortalecimiento de los derechos de la militancia y la obligatoriedad de la transparencia, que conformarían parte de los temas de las leyes secundarias de la reforma política de hace un año.

Además, hay consenso entre partidos y gobierno para reducir costos de las campañas, y se valora acortar tiempos electorales, en transitar a una democracia con menos espots y más abierta al debate, así como en establecer candados para el uso indiscriminado de utilitarios de promoción electoral y despensas, por ejemplo.

Gallardo Landeros insistió en que, como en el pasado, serán las cámaras de Diputados y Senadores las que elaboren los dictámenes y los acuerdos de la reforma política-electoral, a partir de las iniciativas presentadas por los partidos políticos.

Reiteró que el Revolucionario Institucional honrará su palabra de impulsar una reforma electoral, contenida en el compromiso 90 del Pacto por México, incluso con la creación del instituto nacional de elecciones. Pero advirtió que el partido ha expresado varias observaciones que deberán ser atendidas con responsabilidad, con el propósito de no poner en riesgo los logros alcanzados por el IFE en los años recientes.

Respecto del condicionamiento de PAN y PRD de no avanzar en el resto de las reformas estructurales, como la energética, si no se progresa antes en la político-electoral, el priísta exhortó al resto de los partidos a no condicionar, sino acatar el mandato ciudadano de que las cosas deben cambiar. Por encima de las posturas legítimas de los partidos, está la obligación de responder a las exigencias ciudadanas de una vida mejor.