Phoenix, 17 de octubre.

Nueve abogados de la influyente Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) y del bufete legal Covington & Burling LLP –que ganaron una demanda por caracterización racial contra el alguacil de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio– pidieron ayer a un juez que ordene a las autoridades del condado el pago de 7.3 millones de dólares por concepto de honorarios relativos al proceso legal.

En mayo pasado, el juez federal Murray Snow declaró al autonombrado alguacil más duro de Estados Unidos, culpable de practicar una política de perfil racial en contra de los latinos para su arresto. En octubre, Snow ordenó designar un observador independiente y una junta asesora de la comunidad para vigilar las operaciones de la oficina del sheriff del condado de Maricopa.

Arpaio se ha caracterizado también por encarcelar en jaulas al aire libre a indocumentados, a los que obliga a vestirse con uniformes.

En la solicitud realizada por los abogados para el pago de honorarios, se arguyen seis años de litigio, a partir del inicio de la causa en 2007, que incluyeron dos años de investigaciones preliminares y un juicio de siete días.

En Connecticut, la Sociedad de Policías Hispanos de Bridgeport exigió la renuncia del subjefe policial James Nardozzi, quien permitió a un profesor universitario dictar una conferencia sobre ética plagada de declaraciones racistas e insultos.

El mes pasado, Nardozzi pidió a un profesor del John Jay College de Justicia Penal en Nueva York ofrecer una conferencia sobre ética, en la que repitió varias veces insultos racistas contra los latinoamericanos. Varios oficiales de la agrupación acusan al subjefe policial de no haber impedido los agravios del conferencista.

No nos interesa una disculpa. Queremos que renuncie o que la administración lo despida, declaró Juan Santiago, presidente de la sociedad.