La Paz, BCS, 30 de julio.

Organizaciones civiles y particulares exigieron una nueva manifestación de impacto ambiental (MIA) a la promotora del proyecto turístico Playa Santos, que pretende construir miles de habitaciones en el poblado Todos Santos –50 kilómetros al sur de esta capital–, debido a las deficiencias del documento que la empresa Mira entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En una reunión informativa organizada por la Semarnat en el teatro Manuel Márquez de León de Todos Santos, comunidad considerada pueblo mágico, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señaló este martes que la MIA no coincide con lo que dijeron los promotores.

Son tan graves las deficiencias que en plena reunión tuvieron que corregir datos sobre el cálculo del agua por habitación, y ni así pudieron dar cifras totales del agua que se iba a utilizar, dijo el coordinador del Cemda para el noroeste del país, Agustín Bravo Gaxiola.

El Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat en Baja California Sur, cuestionó la veracidad de los datos contenidos en los documentos del proyecto Playa Santos.

Mencionó que la propuesta de construir una planta desaladora para farantizar el abasto de agua potable es lo más recomendable, pero en el documento existen datos que no pueden ser ciertos, como que la dotación de agua por cuarto construido es de 2 mil litros diarios.

Indicó que Mira presentó cifras de un estudio geofísico sobre las condiciones de la zona marina de donde se pretende extraer el agua, pero se requerirá un estudio sobre la extracción de los cinco pozos más uno de reserva que se mencionan en la MIA.

En cuanto a las obras para aprovechar el agua que escurre en temporada de huracanes, la MIA menciona que se aplicarán los criterios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero Mira menciona precipitaciones de 170 milímetros anuales, dato muy inferior a los registros históricos, y tampoco se incluye una estrategia para manejo de residuos sólidos.

El organismo de la Semarnat coincidió con el Cemda en que la documentación es deficiente; por tanto, la evaluación no se debe llevar a cabo y se tiene que negar la autorización.