La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Frente Amplio de Comunidades Marginadas del estado de Oaxaca (Facmeo) denunciaron que hace más de dos meses cinco de sus integrantes fueron detenidos de manera injustificada y posteriormente enviados a cárceles de máxima seguridad como represalia por su activismo político.

En conferencia de prensa, familiares de los detenidos señalaron que Mario Olivera Osorio, Leonel Manzano Sosa, Sara Altamirano Ramos, Damián Gallardo Martínez y Lauro Atilano Grijalva Villalobos fueron aprehendidos el 17 de mayo pasado con lujo de violencia por un grupo de policías vestidos de civil, quienes allanaron sus domicilios sin identificarse y sin tener orden de aprehensión.

Luego de llevárselos, los agentes los mantuvieron incomunicados entre 18 y 35 horas, los sometieron a torturas físicas y sicológicas en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y les impidieron hablar con sus abogados durante más de un mes.

Una vez que los obligaron a firmar documentos en blanco, añadieron los familiares de los activistas, fueron enviados a los penales de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, y El Rincón, en Nayarit, acusados de secuestro y delincuencia organizada.

A pesar de las violaciones al debido proceso, el 19 de mayo las autoridades presentaron a los detenidos públicamente como autores del secuestro de dos niños, quienes son sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.

Los familiares y compañeros de los detenidos aseguraron que éstos no son responsables de los delitos que se les imputan, y afirmaron que estos actos forman parte de un ataque del Estado contra ellos como castigo por ser luchadores sociales e integrantes del magisterio disidente.