Empresarios del sector aeronáutico nacional están maniobrando para que se declare la quiebra de Mexicana de Aviación, denunciaron trabajadores de la aerolínea. En tanto, los empresarios Iván Barona Ramírez y Juan Manuel Romo, de BF Internacional Minig Traders, sostuvieron que autoridades judiciales y gubernamentales no han dado respuesta a la propuesta que presentaron para el rescate financiero de la compañía.

El grupo interesado en adquirir Mexicana de Aviación cuenta, según los empresarios, con una amplia posibilidad financiera para ser entregados de manera inmediata. Esa propuesta ya se presentó en el concurso mercantil de la compañía.

En conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), indicaron que hasta el momento no se ha dado respuesta a los fondeadores. Se han cumplido todos los requisitos y existen los recursos solicitados en un cheque emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Incluso, subrayaron, se presentó la verificación por códigos del mismo, lo que demuestra la licitud de la acción mercantil para adquirir Mexicana de Aviación.

Es decir, sostienen, se tienen todas las posibilidades de que la empresa retome el vuelo. Sin embargo, la actitud de las autoridades continúa siendo de poner obstáculos para que Mexicana no reinicie operaciones. Los empresarios coincidieron con trabajadores de la compañía en que hay irregularidades jurídicas, administrativas y políticas por negligencia gubernamental para la capitalización y relanzamiento de la aerolínea.

Barona y Romo expresaron que Grupo Posadas, propietaria de Mexicana de Aviación, pretende venderla en partes y segmentar en varios grupos mercantiles esa aerolínea.

En la rueda de prensa, la trabajadora Begoña López Erausquin indicó que, en ese caso, sigue habiendo un doble discurso del gobierno federal, ya que por un lado declara su interés por el rescate de la empresa y en la realidad no ha hecho nada por solucionar el conflicto.

En ese sentido, el diputado José Arturo López Cándido, secretario de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Cámara de Diputados, dijo que la empresa dejó de operar por intereses empresariales y no ha retomado el vuelo por caprichos de funcionarios, a quienes no importa afectar a más de 8 mil 500 familias.

María Alejandra González Zepeda, sobrecargo jubilada, apuntó que han fallecido durante esa lucha social 40 trabajadores por enfermedades como cáncer, depresión profunda, diabetes, embolia cerebral, infarto y falta de atención médica. Tres se han suicidado.