En medio de la pugna por el control de los recursos económicos en su bancada, el coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, pretende que todas las fuerzas política en las cámaras de Senadores y Diputados transparenten sus finanzas y para ello, junto con otros panistas, entre ellos Laura Angélica Rojas, formuló una propuesta en ese sentido ante la Comisión Permanente.

La rendición de cuentas en el Congreso es prácticamente nula, señala en un punto de acuerdo presentado en la sesión de la Permanente del miércoles pasado. Resalta que el presupuesto del Senado este año es de 3 mil 700 millones de pesos y la sociedad “no conoce cómo se distribuye ese dinero entre legisladores, empleados, comisiones, órganos de gobierno y grupos parlamentarios y mucho menos la forma en que son ejercidos.

Sin embargo, Preciado no ha subido todavía a Internet, como había prometido, el desglose de las cuentas del grupo parlamentario panista –superior a los 200 millones de pesos anuales– a partir de que fue designado como coordinador de los senadores del PAN, el pasado 12 de junio.

El miércoles pasado hizo público un oficio que le giró un día antes al subcoordinador de Asuntos Internos, Víctor Hermosillo, en el que le ordena publicar en Internet la información contable y presupuestal del grupo parlamentario, incluyendo los ingresos por subvenciones y por actividad legislativa. Hasta ayer la información todavía no se había hecho pública.

En el documento, que firman además los senadores Pilar Ortega, Héctor Larios y Francisco Búrquez, se propone que la Comisión Permanente exhorte a ambas cámaras, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas de los estados a crear los mecanismos para definir una agenda de Parlamento abierto.

Se trata, explican, de una iniciativa que ha ha cobrado relevancia a escala mundial y que se caracteriza por dar máximo acceso a la información parlamentaria y legislativa y publicar información detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto que se les asigne, así como la declaración patrimonial de los legisladores.

Los legisladores, que aún no lograr dirimir el conflicto en el interior del grupo parlamentario, luego de la destitución de Ernesto Cordero como coordinador, resaltan que el Congreso de la Unión debe reafirmar su compromiso con la transparencia, reconociendo el derecho de los ciudadanos a conocer e involucrarse en el proceso de toma de decisiones que les afectan y a saber cómo se usa el dinero público que administran las cámaras.