El proyecto de dictamen sobre justicia militar, consensuado por todas las fuerzas políticas en el Senado, establece con claridad que los elementos de las fuerzas armadas que violen derechos humanos de civiles deberán ser juzgados en tribunales del fuero común, ya que el fuero militar sólo operará para los delitos relacionados con la disciplina castrense.

De esa forma se cumple con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con sentencias de tribunales internacionales a fin de adecuar el Código de Justicia Militar con lo establecido en la Constitución y con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ese proyecto, elaborado por cuatro comisiones dictaminadoras, se conforma un nuevo marco jurídico para la desaparición forzada de personas, delito que se tipifica como ‘‘continuado e imprescriptible’’ y se sancionará, en el caso de militares y en general servidores públicos, con prisión de 25 a 50 años, pena que se aumenta en una cuarta parte si la víctima muere, se oculta el cadáver o quien desaparece está en situación vulnerable.

Ello, a diferencia de la iniciativa que presentó en octubre de 2010 el entonces presidente Felipe Calderón, en la que el delito de desaparición forzada prescribía a los 35 años, lo que habría impedido juzgar a los militares y autoridades implicadas en la llamada guerra sucia de los años 70.

En general, los integrantes de las comisiones de Justicia, Defensa Nacional, Estudios Legislativos primera y segunda, fueron más allá de lo propuesto en esa iniciativa y en siete más que se presentaron en la pasada legislatura (61) en torno al fuero militar.

El senador del PRD Alejandro Encinas, secretario de la Comisión de Defensa, expresó que tienen confianza en que esa reforma saldrá en el próximo periodo de sesiones de septiembre, ya que la situación es distinta a la que se dio en el sexenio pasado, en que los mandos castrenses frenaron toda modificación al Código de Justicia Militar.

Dijo que percibe ‘‘voluntad política’’ del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para que se legisle en esta materia.

En el proyecto de dictamen –que consta de 259 páginas– se detalla que se modificará por completo el Código de Justicia Militar, instrumento que data de 1933, a fin de no sólo acotar el llamado también ‘‘fuero de guerra’’, sino para modernizarlo y lograr una mejor defensa de los militares cuando se trate de delitos relativos a la disciplina castrense.

En la exposición de motivos, los legisladores señalan que la redacción actual del artículo 57 del Código de Justicia Militar se contrapone con lo establecido en la Constitución, por lo que se modificó a fin de que ‘‘ninguna violación a derechos humanos sea conocida en el fuero militar.

Asimismo, se creó la figura de juez de ejecución de sentencias, que será el responsable de juzgar los casos de militares que violen derechos humanos de civiles. Fue éste uno de los puntos que más se debatieron en la pasada legislatura, ya que los mandos de las fuerzas armadas pretendían que la responsabilidad recayera en un juzgador experto en derecho castrense o que fuera incluso un ex militar.

En el proyecto sólo se especifica que este juzgador debe ser ‘‘especialista en derecho penal y amplio conocedor de los aspectos criminológicos y penitenciarios. Para salvar otra de las preocupaciones de la cúpula castrense, los legisladores establecieron que los sentenciados podrán purgar sus condenas en prisiones militares, solicitándolo al juez que instruye el proceso.

Además, con el objetivo de modernizar el Código de Justicia Militar, se incluyen otras modificaciones. Por ejemplo, suprimir del texto ‘‘Secretaría de Guerra y Marina’’, que hace varias décadas dejó de existir, por las de Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.