Las investigaciones que realiza la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) sobre el desvío de recursos públicos en el gobierno de Tabasco durane el periodo 2006-2012 involucran a siete colaboradores del ex mandatario Andrés Granier Melo.

El Ministerio Público Federal calcula que los fondos desviados de programas sociales, de salud, seguridad y desarrollo social podrían superar mil 100 millones de pesos en el periodo enero-diciembre de 2012. Por ello se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que realicen peritajes para determinar los montos específicos que se distrajeron de cada rubro, así como las personas que firmaron la obtención de dinero en efectivo y cómo se llevó a cabo cada una de las transferencias.

La averiguación por operaciones con recursos de procedencia ilícita (UEIORPIFM/AP/90/2013) se abrió a raíz de una denuncia del gobierno de Tabasco, que calcula que el desvío de recursos asciende a mil 900 millones de pesos y también inició una averiguación previa por peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Entre las personas investigadas por la PGR se encuentran Deyanira Camacho Javier, ex secretaria de Educación; el ex procurador Gregorio Romero; Felipe Graham Zapata, ex secretario de Salud; Sergio López Uribe, titular de Seguridad Pública, el ex subsecretario de Egresos, Miguel Ángel Contreras García, y José Manuel Saiz Pineda, ex secretario de Finanzas.

En Villahermosa, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) citó para este viernes a las ex secretarias de Educación de estado Beatriz Luque Green y Deyanira Camacho Javier para que respondan por las irregularidades en esa dependencia.

Camacho Javier sustituyó a Luque Green cuando ésta renunció para buscar una diputación local. El actual secretario de Educación, Rodolfo Lara Lagunas, denunció que existe un adeudo de 64 millones de pesos con aseguradoras y que mil 800 millones de pesos descontados por impuestos a trabajadores del gobierno estatal no fueron enterados al fisco.

En tanto, el juzgado segundo de lo penal multó a la contralora estatal, Martha Patricia Jiménez Oropeza, con 10 días de salario mínimos por no acudir la mañana de este martes a un careo con Leoncio Lorenzo Gómez, ex director de Contabilidad Gubernamental, recluido en el penal estatal desde marzo, acusado de robo de vehículo y de documentos contables.

Granier sigue hospitalizado en la ciudad de México.