San Ignacio, Sin., 17 de junio.

Campesinos, ejidatarios y pescadores de Barras de Piaxtla, Hacienda de Piaxtla, Dimas, La Chilcayota, El Patole y El Pozole se quejaron del decreto que convierte la meseta de Cacaxtla en área natural protegida porque su plan de manejo prohíbe las actividades productivas y ahora no tienen de qué vivir.

Recordaron que hasta el año 2000 vivían de la ganadería, la agricultura, la pesca y el corte de varas o estacón, hasta que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) comenzó a imponer multas y denuncias penales contra quienes no obedecían el programa de manejo –que aún no es oficial–, lo que ha provocado el abandono de los poblados.

Añadieron que la Conanp genera conflictos entre los pobladores al asignar los proyectos productivos de manera discrecional.

La meseta de Cacaxtla abarca 50 mil 362 hectáreas de los municipios de San Ignacio y Mazatlán, declaradas área protegida de flora y fauna en el año 2000. En ella habitan tortugas marinas, loros, pájaros carpinteros, lechuzas, halcones, venados de cola blanca, jabalíes, pumas, jaguares, ocelotes, linces, mapaches y víboras de cascabel; además, en la playa Las Labradas hay grabados rupestres.

El cooperativista pesquero José Natividad Salazar Torres, presidente del consejo asesor del área natural protegida, acusó a Joaquín Zebadúa, ex director de la reserva, de no consultar a ejidatarios, pobladores y pescadores sobre el plan de manejo.

Según Salazar, el ex funcionario engañó a la población, porque utilizó las firmas de asistencia a las reuniones celebradas para validar el programa de manejo como actas de asamblea, con las cuales pretende mostrar que el plan que se aplica fue aprobado.

Mostró los oficios que desde 2011 los inconformes han entregado a la delegada de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Carmen Torres Esceberre; a diputados locales de la Comisión de Ecología; al alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna; al gobernador Mario López Valdez y al titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, para solicitarles que revisen las inconsistencias detectadas en el programa.

En las observaciones que hacen al borrador del proyecto, y que Luis Fueyo MacDonald, comisionado nacional de áreas protegidas, se ha negado a recibir, indican que el plan de manejo no prevé suficientes reuniones con pobladores para integrar sus opiniones y tampoco se les ha dado suficiente información para que participen.