La realización de operativos de seguridad en las carreteras del país a cargo del Ejército y la Marina sólo busca generar un impacto mediático y no dará resultados positivos en la lucha contra la delincuencia, pues las fuerzas armadas no saben interactuar con civiles en este tipo de circunstancias, como lo demuestran los asesinatos que han cometido en varios retenes, advirtieron integrantes de organizaciones sociales.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recordó que un ejemplo de los abusos que pueden generarse cuando los uniformados instalan puestos de revisión en las carreteras sin justificación alguna es el homicidio del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, ocurrido el 20 de junio de 2009, quien fue asesinado en un retén del 93 batallón de infantería, cuyos integrantes le dispararon a un autobús lleno de pasajeros al pensar que el chofer quería escapar.

Otros incidentes parecidos ocurrieron el 26 de marzo de 2008 en la comunidad sinaloense de Santiago de los Caballeros, donde soldados mataron a cuatro hombres e hirieron a otros dos -supuestamente- por no haberse detenido para que su camioneta fuera revisada; y el primero de junio de 2007 en Joya de los Martínez, también en Sinaloa, los efectivos castrenses mataron a dos mujeres y tres niños, argumentando que habían desobedecido la orden de parar su vehículo.

De esta forma, con el anuncio realizado el lunes anterior por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, vemos que la política de seguridad de Enrique Peña Nieto básicamente repite el mismo esquema de la de Felipe Calderón. Hay un pequeño matiz en el discurso público de construir un enemigo social, pero todo lo demás permanece intacto, lamentó Aguirre.

En lo que va del actual sexenio, recalcó, la seguridad pública sigue estando basada en el despliegue territorial de las fuerzas armadas y la instalación de retenes, que no constituyen medidas de seguridad basadas en la inteligencia y la investigación, y por el contrario sí dan lugar no sólo a asesinatos, sino también a robos, amenazas y tratos crueles y degradantes.

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, indicó por su parte, que además de repetir las mismas estrategias que ya demostraron su ineficacia, el gobierno de Peña Nieto estaría atentando contra el derecho a la libre circulación, la presunción de inocencia e incluso la celeridad que requieren ciertas actividades comerciales.

“Esta medida sólo busca lograr un impacto mediático en la gente, implica una suspensión de facto de garantías y sólo va a incrementar los casos de detenciones arbitrarias”, apuntó el activista.