Las normas de convivencia que pretende imponer la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Esther Orozco Orozco, consideran sanciones contra los integrantes de la comunidad universitaria que soslayen o pongan en duda el autogobierno de esa casa de estudios, ya sea solicitando la intervención de medios, personas o autoridades externas para respaldar o dar validez al funcionamiento de los órganos colegiados internos o en su caso, consistiendo o tolerando dicha intervención para tales fines.

El artículo 9 de las Disposiciones generales obligatorias para los estudiantes, personal académico y administrativo, técnico y manual e integrantes de la comunidad universitaria, señala que éstas son acciones contrarias a la autonomía de la UACM, así como pretender desconocer de facto a las autoridades y órganos de gobierno de la universidad.

Dichas disposiciones, aprobadas por los consejeros universitarios afines a la rectora Orozco el pasado 11 de diciembre, también contemplan sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión definitiva de esa casa de estudios a quienes tomen o intervengan, sin autorización, las instalaciones, oficinas, planteles o sedes administrativas de la institución, impidiendo el desarrollo normal de sus funciones académicas o administrativas.

Para el movimiento crítico de la gestión de la rectora, éstas disposiciones son ilegales, pues no fueron aprobadas por el Consejo Universitario legalmente constituido y reconocido por la Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa y el Gobierno del Distrito Federal el pasado 29 de noviembre, además de que pretende criminalizar las manifestaciones de inconformidad de la comunidad universitaria.

Se pretendía que dichas normas fueran distribuidas en los distintos planteles y sedes de la universidad, por medio de trípticos, postales y el Boletín de la UACM, que fueron realizados en la imprenta de esa casa de estudios, instalada en las oficinad administrativas de la colonia Del Valle.

Miembros del Consejo Estudiantil de Lucha consideraron ilegal la impresión de dichos materiales, ya que fueron aprobados por el CU espurio que apoya a la rectora Esther Orozco, motivo por el cual decidieron sacar el material de la imprenta y ponerlo bajo su resguardo.

En este contexto, hoy sesionarán los integrantes del CU legalmente reconocido el pasado 29 de noviembre. Discutirá el procedimiento para revocar el mandato a Esther Orozco, así como al abogado general José de Jesús Izquierdo, la tesorera Karina Chaparro Alvidrez y la contralora Verónica Cuenca Linares por transgredir la normatividad de esa casa de estudios.