Monterrey, NL., 8 de enero. Familiares de las 52 víctimas del casino Royale –incendiado el 25 de agosto de 2011– obtuvieron el permiso del propietario del inmueble para colocar nuevamente las cruces que habían sido retiradas del local siniestrado. Francisco Fernández Hasbunl, representante legal de los dueños del edificio que albergaba el casino, denunció que el lugar fue saqueado durante el tiempo en que estuvo asegurado por la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Fernández Hasbunl dijo que luego que el 30 de noviembre la PGR les entregó en calidad de posesión del terreno en resguardo, se percataron que del inmueble se habían extraído los equipos de aire acondicionado, las plantas de luz, los extractores de humo, el cableado de luz, cocinas, papelería y mesas.

Deslindó a Carlos Alejandro Salinas Martínez, propietario del inmueble, de los dueños de Atracciones Vallarta, que rentaba el lugar y operaba el casino. Ante representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que acompañaban a los familiares durante la reinstalación de cruces y veladoras, el abogado señaló que los propietarios están dispuestos a vender el terreno al gobierno del estado en caso de que decidiera construir allí el monumento que se propone.

Aceptan exhortos de la CNDH

En tanto, el secretario de Gobierno, Álvaro Ibarra, expresó –durante una conferencia de prensa que ofreció en compañía de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH)– la aceptación de las recomendaciones dadas a conocer ayer por el organismo en relación al incendio, las cuales incluyen una disculpa pública a los familiares de las víctimas, indemnizaciones y la construcción de un monumento.

El 25 de agosto de 2011 un comando de la organización criminal Los Zetas provocó un incendio en el casino Royale, en el que perecieron 42 mujeres y 10 hombres; otras 11 personas resultaron lesionadas.

A casi 17 meses del atentado, familiares de las víctimas mantienen su exigencia de justicia y reparación del daño.

El pasado 14 de diciembre, el juez primero penal de Monterrey dictó sentencia contra siete implicados en el atentado. A uno de los acusados se le dictó pena de cien años de prisión y para los seis restantes –que también están recluidos en el penal del Topo Chico– fueron 75 años.

Está pendiente la sentencia contra otros seis presos involucrados en el caso, a quienes se imputan otros actos ilícitos de los fueros común o federal.