Un juzgado federal con sede en Tamaulipas negó una orden de captura en contra de Fernando Cano Martínez, identificado por la Procuraduría General de la República (PGR) como presunto operador financiero del ex gobernador de esa entidad, Tomás Yarrington Ruvalcaba. En tanto, en la ciudad de México, la defensa del ex mandatario local presentó dos denuncias contra funcionarios federales por haber incurrido en delitos contra la administración de la justicia.

En Matamoros, Tamaulipas, Alejandro Palomares, juez segundo de distrito en materia penal, negó la orden de aprehensión solicitada por la PGR contra Cano Martínez, a quien el Ministerio Público Federal pretende llevar a prisión por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Inconforme con la negativa del juez, la PGR pidió a un tribunal unitario de circuito que modifique el fallo de primera instancia y ordene la captura de Cano.

Al negar la orden de captura, el juzgador sostuvo que son inconsistentes las declaraciones hechas por los testigos protegidos Oscar, Pedro, Ángeles, Pitufo, Yeraldín y Rufino, cuyos testimonios son la piedra angular de la averiguación previa abierta por la PGR contra Cano y Yarrington.

“El fiscal federal consignador pretende justificar la participación de los mencionados en la perpetración del delito, bajo las premisas de que Fernando Alejandro Cano Martínez era el principal ‘lavador de dinero’ de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, servidor público del más alto nivel en el estado de Tamaulipas”, resolvió el juez.

En la sede de la PGR, el abogado Diego Hernán Arevalo Pérez, defensor del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, presentó dos nuevas denuncias en contra de funcionarios de la PGR, esta vez por delitos contra la administración de la justicia y también por difusión de información reservada o confidencial que se encontraba en la averiguación previa que se instruyó contra su cliente.

El litigante puntualizó que en los delitos contra la administración de la justicia, estos se cometieron por haber filtrado información, y haber manipulado a testigos protegidos contra su cliente. Esta es la tercera denuncia penal que presenta Yarrington Ruvalcaba, la primera fue contra la ex procuradora Marisela Morales por haber autorizado, según la defensa, cateos y aseguramiento de propiedades del ex mandatario, sin la orden judicial correspondiente.

En tanto, en Washington, un juez federal estadunidense incautó un condominio de lujo, con valor cercano al medio millón de dólares, que presuntamente pertenecía al ex gobernador Tomás Yarrington.

El inmueble, ubicado en Bridgepoint Condominiums, en la Isla Padre, Texas, es objeto de disputa con el gobierno federal estadunidense desde febrero pasado, pues de acuerdo con la acusación, Yarrington dio dinero ilegal a una tercera persona para su adquisición.

Según la fiscalía estadunidense, Yarrington habría utilizado al empresario Napoleón Rodríguez, de Matamoros, Tamaulipas, para la adquisición de las propiedades.

Se trata del desenlace de una de dos demandas civiles para incautar propiedades del ex gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, por cargos de utilizar prestanombres para adquirir propiedades con dinero ilícito.

La adjudicación al gobierno federal fue hecha el lunes por la juez Nelva González Ramos, de Corpus Christi.