n muchos terrenos Chiapas es un colorido mosaico. Lo es más en lo religioso, ya que de todas las entidades del país es la que alberga en su seno mayores porcentajes de confesiones religiosas no católicas. El nuevo gobernador, Manuel Velasco Coello, tiene ante sí el reto de atender los conflictos religiosos heredados por la anterior administración, y no resueltos por la incapacidad para hacer valer las leyes que garantizan la libertad de cultos.
En 1950 Chiapas tiene casi un punto porcentual más de protestantes que el país, 2.13 y 1.27, respectivamente. Hacia 1980 la brecha se ensancha, ya que el territorio chiapaneco reporta un porcentaje casi cuatro veces mayor de protestantes que todo México. Para el año 2000 el catolicismo desciende a 64 por ciento de las preferencias religiosas de los chiapanecos, casi 25 puntos menos que lo manifestado como promedio en el país. En el Censo más reciente, el de 2010, la fe católica desciende a 58 por ciento. Es en la década de los setentas del siglo XX cuando el crecimiento del protestantismo alcanza su mayor intensidad. En las dos posteriores disminuye su ritmo, aunque sí aumenta sus números.
En los tres últimos censos Chiapas reporta cifras que lo presentan como el estado con menos población católica del país. Las cifras regionales son todavía más alarmantes para el catolicismo, ya que, por ejemplo, en algunos municipios fronterizos con Centroamérica los porcentajes de la población que se identifica con esa fe son los siguientes de acuerdo con el Censo de 2010: Suchiate, 39.5; Frontera Hidalgo, 42.5; Cacahoatán, 39; Mazapa de Madero, 40, y en el extremo se ubica Bejucal de Ocampo, con 18.8 por ciento.
En la zona tzotzil solamente dos municipios tienen números de población católica cercana o mayor a los dos tercios: Chamula con 69.8 y con 74.3 Zinacantán. Porcentualmente el catolicismo es minoritario en Amatán (36.1), Chalchihuitán (20.7), Chenalhó (33.6), Mitontic (38.3) Pantelhó (44.2) y Simojovel (41.8). En las regiones tzeltal, chol y tojolabal son varios los municipios donde los católicos están por debajo de 50 por ciento.
De acuerdo con distintas organizaciones defensoras del derecho a elegir confesión religiosa, particularmente de quienes han decidido mudar del credo tradicional a uno distinto, en Chiapas, en los recientes seis años, aumentaron los casos de intolerancia religiosa.
La Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la entidad dejó crecer los conflictos, y en los hechos favoreció a los agresores de grupos indígenas no católicos o no tradicionalistas. Resultado del Estado laico, pero distraído, como dijera Carlos Monsiváis, quedaron desplazados y/o asilados en San Cristóbal de las Casas colectivos de indígenas protestantes a los que se dieron largas y se vulneraron sus derechos con la complacencia del gobierno de Juan Sabines Guerrero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones a las autoridades chiapanecas por no cumplir con su obligación de garantizar la libertad de cultos. Fue el caso de la publicada por la CNDH el 30 de septiembre de 2010. Ningún otro gobierno estatal del país se hizo merecedor de una llamada de atención como la dirigida al gobierno chiapaneco por lo acontecido en Chilil.
En una sección demoledora para la instancia que dejó crecer la intolerancia religiosa, leemos que “se contraviene el contenido del artículo 31, fracción tercera, del reglamento interior de la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas, en que se establece que el titular de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos tiene, entre otras facultades, vigilar el cumplimiento de las normas legales de carácter religioso, así como coordinar la ejecución de los programas de distensión elaborados para resolver los problemas de carácter religioso que se susciten en el estado, lo que en este caso no se llevó a cabo, a pesar de que con oportunidad se tuvo conocimiento en esa instancia de la intolerancia religiosa en [Chilil]… Al no adecuarse la actuación de la autoridad del gobierno del estado a los ordenamientos legales referidos, se vulneraron en perjuicio de los agraviados, los derechos humanos a la igualdad, la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la libertad de creencia”.
Como en Chilil, en otros poblados de Chiapas se dejó que los agresores hicieran de las suyas, ya fuese desplazando a los que no se identificaban con el catolicismo tradicionalista, o bien obligándolos a signar acuerdos flagrantemente violatorios de lo establecido por la Constitución. Las autoridades estatales avalaron con su firma el compromiso de los agredidos a creer lo que quisieran, pero, un sintomático pero, a no manifestar sus creencias ni a parapetarse en ellas para negarse a participar en actos cívico religiosos identificados con la fe histórica y tradicional.
La recién inaugurada administración de Manuel Velasco Coello tiene ante sí la oportunidad de ampliar los caminos de la paz, que es fruto de la justicia, con el recurso de resguardar la diversificación sociorreligiosa de Chiapas. La pluralidad en el campo religioso puede implicar que surjan conflictos, y el papel del Estado es que esos conflictos se diriman en los cauces marcados por las leyes y con el principio de la laicidad como eje rector. ¿Estará el gobierno de Velasco Coello a la altura del reto?