La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que las autoridades fiscales del país usan de manera indiscriminada y desproporcional la facultad de inmovilizar cuentas bancarias de los contribuyentes. Hasta el 28 de noviembre de 2012, Prodecon ha conocido 167 quejas, que han terminado en 11 recomendaciones a distintas autoridades fiscales. También ha recibido los reclamos de cámaras empresariales y agrupaciones profesionales que han planteado las graves consecuencias que generan los embargos de cuentas bancarias. Tales daños impiden a los contribuyentes continuar operando. También se paraliza la generación de empleos y se provoca la extinción de empresas. En el informe a los legisladores la procuraduría informó que los contribuyentes no se enteran, ni siquiera con posterioridad a la medida, qué autoridad ordenó el embargo ni por qué causa.